Domingo 17 Diciembre 2017

Por Plinio Soto Muerza

A un punto de cumplir un año al frente de la administración estatal, Miguel Ángel Yunes,  personaje tragicómico que de acuerdo a sus propias palabras se preparó toda su vida para ser gobernador, ha rendido su primer informe de gobierno y poco o nada, pudo informar a los ciudadanos veracruzanos. Salvo claro, -verdad conocida-, que el culpable de todos los males que aquejan a Veracruz se llama Javier Duarte.

Para estar en condiciones de hacer una evaluación objetiva del gobierno de Yunes, basta con revisar las promesas que hiciera en campaña el año pasado, que por cierto, no fueron muchas.

La promesa de campaña que sin duda generó mucha expectativa, por la dimensión que le proyectó el propio Yunes, fue aquella de que en seis meses, ¡sí en seis meses!, acabaría con la inseguridad, y regresaría la tranquilidad a los ciudadanos veracruzanos,  acabando con los delincuentes.  ¡Vaya hasta se atrevió a decir en un spot de campaña: “que los delincuentes sepan que los vemos todo el día,  que todo el día estamos vigilando”!

Los resultados están a la vista en todo Veracruz: los crímenes no han cesado, el índice de secuestros, robos, asesinatos, ejecuciones, se ha incrementado en comparación con los años anteriores.

 

Vaya, hasta la promesa de nombrar a un miembro de las fuerzas armadas, ni más ni menos que a un militar de alto rango (general, coronel, etc.), como Secretario de Seguridad Pública, quedó como una muestra de su demagogia y una falta a la verdad. En su lugar, nombró como secretario a un viejo amigo suyo, ampliamente conocido en las redes sociales por su prepotencia y altanería cuando retiró a un par de jóvenes en el puerto de Veracruz al grito de “póngales como quieran chamacos”.

En materia económica, durante la campaña Yunes Linares prometió que tendría una reactivación acelerada, que los municipios verían de nuevo crecer inversiones y obra pública, que pagaría a los empresarios y comerciantes que habían sido defraudados por la administración anterior. A casi un año, el propio Yunes declaró que todas las deudas habían sido saldadas, y que no se le pagaría a nadie más, situación que han cuestionado un sin número de pequeñas empresas, que confiaron en la promesa yunista, sacrificaron utilidades y ganancias, lo que compromete seriamente una plantilla laboral importante.

También Yunes prometió a los trabajadores del estado no tocar sus derechos laborales conquistados y  no despedir injustificadamente a trabajadores. En la realidad, a un año de la administración yunista, en todas las dependencias gubernamentales se ha despedido un considerable número de trabajadores, muchos de ellos recurrieron a los tribunales para hace valer sus derechos.

A la par de los despidos, el gobierno de Yunes ha engrosado la nómina de la alta burocracia, al contratar a nuevos funcionarios con extravagantes sueldos, como lo son los nuevos directivos de la Secretaría de Salud, provenientes directamente del gobierno de Moreno Valle en Puebla.

Pero la falta a la verdad más insultante de Yunes es la promesa no cumplida de terminar con la llamada “licuadora”, mecanismo empleado por Duarte para concentrar todos los dineros públicos en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y desde ahí desviar los recursos a un sinnúmero de cuentas personales. Yunes ha repotenciado la licuadora, lo ha vuelto más sofisticado, o a decir de algunos, más cínica, porque ahora la concentración es en el mismo ejecutivo estatal, quien pidió al Congreso del Estado la autorización para disponer directamente de los recursos públicos, sin necesidad de presentar informes de egresos e ingresos, al poder Legislativo. Fue el PAN y sus aliados del PRD, PRI, PVEM, quienes le aprobaron a Yunes su iniciativa para legitimar la nueva “licuadora” financiera estatal.

Son precisamente la Ley de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2017 un motivo de cuestionamiento a las verdaderas intenciones de Yunes, ya que en su artículo quinto transitorio, estableció las bases para un manejo discrecional del ejecutivo estatal de las cuentas públicas. Aún más, en esa ley se estableció la obligación del gobernador de entregar al Congreso del Estado informes detallados de los gastos de las dependencias, y más en concreto, se aprobó que en un plazo no mayor de 3 meses, el ejecutivo estatal presentaría un proyecto de reestructuración del presupuesto, sin que hasta la fecha haya presentado informe o propuesta alguna, salvo algunas diapositivas escolares.

En al caso de la deuda pública, Yunes inició su gobierno pidiendo un préstamo para pagar prestaciones y salarios. En diciembre del 2016, la deuda veracruzana había ya subido 4,300 millones. No conforme con más deuda, se embarcó a un proceso de refinanciamiento de la deuda, alrededor de 46,000 mdp, y que en su informe anual ha presentado como todo un éxito financiero. El asunto es muy simple, lo que se iba a pagar en 15 años, ahora se va a pagar en promedio en 25 años, lo que tiene muy contentos a los acreedores, porque al final del día ellos recibirán pagos “chiquitos” por más tiempo, que se traduce en mayores ganancias efectivas para los bancos.

Sin duda, para Yunes Veracruz le ha quedado muy grande. En su pequeñez como gobernante, Miguel Ángel sólo tiene una mira, dejar a su hijo mayor como gobernador, para perpetuar sus negocios e intereses, echándole la culpa eterna de los males veracruzanos al impresentable Javier Duarte, mientras protege la red de complicidades que lo encubrió.  

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