Domingo 22 Julio 2018

Por Plinio Soto Muerza

Veracruz camina a su cuarta elección en forma consecutiva, y todo indica que puede ser un momento decisivo en la historia para las próximas generaciones.

En los últimos 8 años (2010-2017), los veracruzanos han acudido en 6 ocasiones a las urnas: 2010, elecciones a gobernador, diputados locales y presidentes municipales; 2012, elecciones a presidente de la República, Senadores y diputados federales; 2013, elección a presidentes municipales y diputados locales; 2015, elección a diputados federales; 2016, elección para gobernador y diputados locales; 2017, elección para presidentes municipales.

Tomando en consideración el llamado a votar a los veracruzanos, un observador pudiera decir que en Veracruz, hay una democracia consolidada, una fuerte cultura cívica democrática con altos niveles de participación ciudadana en la política.

Sin embargo, ningún proceso electoral de la reciente década está libre de señalamientos de fraude y prácticas ilegales. La democracia veracruzana, como en el resto del país, tiene una construcción deficiente por las prácticas antidemocráticas que en cada elección se repiten, una y otra vez, alentadas desde el propio gobierno y los partidos que apoyan el régimen de impunidad existente.

La crítica también comprende el alto costo por las elecciones. Por citar un ejemplo, para 2018, el Congreso del Estado aprobó un presupuesto para el Organismo Público Local Electoral (Ople), de $1,109,900 millones de pesos, lo que significa un presupuesto demasiado alto para unas elecciones donde será el Instituto Nacional Electoral (ine), el encargado de organizar el proceso electoral, capacitar funcionarios de casillas, y garantizar la instalación de las mismas contando para ello con un presupuesto propio.

Democracia costosa y de baja calidad por los innumerables señalamientos de prácticas ilegales que favorecen a los poderes fácticos y cacicazgos regionales, con la tolerancia y complicidad del poder público. El sexenio duartista con toda su carga de corrupción y envilecimiento de la política está registrado en la historia reciente veracruzana, pero también el yunismo gobernante ha dado muestra de su inclinación a las mismas prácticas antidemocráticas y complicidades con personeros de la corrupción reciente en el estado.

Para muestra dos ejemplos: en la zona norte, concretamente en el distrito de Pánuco, el yunismo ha pactado impunidades con la familia del ex Contralor General de Gobierno de Javier Duarte, Ricardo García Guzmán, quien ha puesto en la lista de candidatos a diputado federal en este 2018 por el PAN, a su hijo mayor, Ricardo García Escalante, mientras a su otro hijo, el actual diputado local, Rodrigo García Escalante, lo ha puesto de nueva cuenta en la lista de candidatos del PAN para diputados locales, lo que significa que buscará ser relecto diputado por el distrito 1 local de Panuco.

Por otro lado, en el distrito 2 de Tantoyuca, el yunismo tiene un peculiar afecto al cacicazgo de la familia Guzmán Avilés, quien ha gobernado en los últimos diez años en forma consecutiva ese municipio, y hoy uno de sus integrantes, Jesús Guzmán Avilés, busca la diputación federal por el PAN.

Pese a los reiterados procesos electorales, en Veracruz la democracia aún tiene un largo camino por recorrer para reflejar una democracia aceptable en los valores liberales, como lo es el simple hecho del libre sufragio, y tiene otra vía que transitar para arribar a los ideales de la democracia participativa, que no se limita a la simple visión del ciudadano elector.

En este 2018, la gran ola de descontento con la forma de hacer y entender la política actual, ha abierto la posibilidad de un gran salto democrático hacia adelante. Los terribles gobiernos, ya sea en el ámbito local y federal, han provocado estragos en la sociedad, y ha conducido a amplios sectores sociales a tomar decisiones cruciales de frente al llamado para votar el próximo 1 de julio.

Aún las campañas electorales no llegan a su punto más alto, pero en Veracruz se respira un ambiente de inconformidad con la forma “democrática” actual que ha prolongado la corrupción y la impunidad, lo que ha abierto las puertas a la posibilidad de un cambio a fondo en la forma de hacer y entender la política.

Falta saber si el 2018 se quedará en una elección más, al igual que los anteriores seis procesos, o se instala como un proceso histórico que permita la transformación de la política y del espacio público del ejercicio del poder. El debate está abierto.

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