Jueves 21 Junio 2018

El estancamiento del caso Odebrecht en México y las elecciones

 

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Parte del equipo legal de Emilio Lozoya, exdirectivo de la petrolera estatal Pemex, a su salida de las oficinas de la fiscalía para delitos electorales, en octubre CreditAlejandro Acosta/Agencia El Universal, vía Associated Press

 

CIUDAD DE MÉXICO — El gobierno mexicano tiene evidencia suficiente para presentar cargos contra funcionarios vinculados a uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de América Latina. Sin embargo, se rehúsa a hacerlo porque podría afectar al partido gobernante en las elecciones presidenciales del 1 de julio, según tres personas que conocen el caso de forma directa.

El escándalo involucra a la constructora brasileña Odebrecht, que admitió haber pagado casi 800 millones de dólares en sobornos a lo largo de la región para hacerse con contratos públicos en una docena de países. Las consecuencias de las investigaciones han afectado prácticamente a todas las naciones donde operaba la empresa, con presidentes enjuiciados, funcionarios arrestados y vuelcos políticos desde Perú hasta Panamá.

Pero hay dos excepciones notables: Venezuela, un paria internacional con un gobierno autoritario, y México, donde se han estancado dos investigaciones federales.

Los casos criminales están atrapados en un limbo legal común a las investigaciones políticamente delicadas en México, donde la corrupción continúa siendo uno de los mayores obstáculos para el Estado de derecho.

Los escándalos de corrupción han plagado al gobierno de Enrique Peña Nieto prácticamente desde que llegó al poder. La primera dama adquirió un hogar de lujo de un contratista del gobierno en condiciones muy favorables, revelación que marcó el inicio de una caída en la popularidad del presidente.

Y surgieron más escándalos, entre ellos, la desaparición aún irresuelta de 43 estudiantes normalistas; el uso de un sofisticado programa espía comprado por el gobierno para monitorear a periodistas y defensores de los derechos humanos, y acusaciones contra altos funcionarios por el desvío de fondos públicos para financiar campañas del partido gobernante.

 

La falta de progreso en el caso Odebrecht ha sido un tema espinoso para México desde finales de 2016, cuando la constructora reconoció ante autoridades brasileñas, suizas y estadounidenses, en un acuerdo multimillonario, que había pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos.

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