Lunes 18 Junio 2018

POSICIONAMIENTO DEL GRUPO LEGISLATIVO DE MORENA VERACRUZ, ANTE EL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2016-2018, PRESENTADO POR EL GOBERNADOR ELECTO LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES. 

Inadecuado marco constitucional y legal del sistema de planeación veracruzano.

MORENA sostiene la inaplazable urgencia de que contar con instrumentos de planeación democrática en Veracruz, mediante los cuales se pueda garantizar la participación efectiva de los ciudadanos, por ello, todo ejercicio de prospectiva debe tener su basamento en un ambiente de división de poderes y equilibrios republicanos.

El marco jurídico que sostiene la Constitución del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave y en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, hacen inalcanzable la planeación democrática, pues corresponde al Poder Ejecutivo la formulación de la agenda, la determinación de los instrumentos y la ponderación de los resultados y las propuestas, dejando al Congreso del Estado ante el hecho de aprobar, o no, el resultado obtenido.

El diseño constitucional y la ley reglamentaria del sistema de planeación veracruzano, deja fuera a este Congreso de la discusión de las ideas y propuestas del Ejecutivo del Estado y de los medios para obtener los resultados que anuncia.

En este contexto, nuestro Grupo Legislativo no considera satisfechas las condiciones para considerar al Plan Veracruzano de Desarrollo como producto de un ejercicio de prospectiva, racionalidad y participación ciudadana en el diseño de las políticas públicas, a pesar de reconocer, en forma expresa, que en su elaboración también participaron ciudadanos e instituciones respetables.

La ausencia de una auténtica división de poderes y vida democrática ha llevado a nuestra Entidad al autoritarismo en el ejercicio del poder, la simulación en la rendición de cuentas, ha deteriorado de manera profunda la capacidad productiva, ha sido fermento de complicidades e impunidad en la vida pública, y ha puesto en riesgo la vida, el patrimonio y la seguridad de los habitantes del Estado, por ello, los diputados morenistas no avalamos un modelo de planeación que excluye a los representantes populares en la planeación del desarrollo de nuestro Estado, y la hace descansar en forma exclusiva y excluyente, en el Gobernador, confinando a este Congreso a la aprobación del mismo.

La participación de la Universidad Veracruzana en la elaboración del Plan Veracruzano de Desarrollo.

La Universidad Veracruzana, de la cual nos sentimos orgullosos, participó –reconoce el PVD- con más de 600 académicos, alumnos y personal, por ello, el rigor en la presentación de los resultados, los indicadores estadísticos y la formulación de las propuestas reflejan la calidad académica de nuestra casa de estudio.

No obstante, lo anterior, es de señalarse que la Rectora de la Universidad se mostró excesivamente obsecuente y plegada políticamente al gobernador electo, pues sin esperar la calificación y resultado definitivo de la elección por las instancias jurisdiccionales competentes, fuera de los tiempos legales, dispuso de recursos institucionales para ponerlos al servicio del ahora gobernador electo, consumando con ello un acto de genuflexión, ajeno a los elevados fines que busca salvaguardar la autonomía universitaria; esta apreciación se robustece cuando la responsable de las finanzas de la UV incorpora al equipo de transición del próximo gobierno del Estado y, más aún, cuando es designada Secretaria de Finanzas y Planeación.

Seguridad Pública.

Un asunto central en la vida diaria de la población veracruzana es la relativa a la seguridad pública, sobre este aspecto se proponen:

10 ACCIONES PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA EN SEGURIDAD PÚBLICA.

1. Es posible solicitar una mayor presencia y coordinación del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Policía Federal y la Gendarmería Nacional.

2. Podrá designarse como Secretario de Seguridad Pública a un militar de alto rango que pueda coordinar eficientemente las tareas de la policía Estatal con las fuerzas federales. Es factible consultar el nombramiento con el Secretario de Gobernación y el de la Defensa Nacional.

3. Es factible dar de baja inmediatamente a los altos mandos de la policía estatal vinculados con la delincuencia organizada y procederá a iniciar acciones penales en su contra.

4. De igual manera es factible dar de baja inmediatamente a todos los policías estatales y municipales que no hayan aprobado los exámenes de control de confianza.

5. Se impone la necesidad de crear una nueva Policía Estatal que será capacitada y sometida permanentemente a exámenes de control de confianza. Sus elementos serán bien remunerados, contarán con seguridad social y sistemas de protección para sus hijos

6. Es potencialmente benéfico definir 10 zonas de atención prioritaria en materia de seguridad y crear otras tantas policías regionales.

7. Resulta accesible aplicar las tecnologías más avanzadas para combatir a los delincuentes, tales como satélites, drones y sistemas

de video.

8. Habrá mano dura en contra de los delincuentes, el nuevo gobierno los tratará como lo que son: enemigos de los veracruzanos.

9. Resulta primordial iniciar la puesta en práctica de una red estatal de video-vigilancia para ayudar a prevenir el delito. Se vigilará a los delincuentes y no a los ciudadanos.

10. Se implementarán programas de prevención del delito para evitar que las nuevas generaciones de jóvenes se involucren en actividades que no solo ponen en riesgo su vida, sino que también dañan a la sociedad.

Las propuestas en materia de seguridad publicas si bien son importantes, son insuficientes, pues deja preteridas las causas sociales y económicas que se viven en Veracruz, se basa en la idea de reprimir y no pone el énfasis en la prevención, apostando por el corto plazo para fines de lucimiento y, sobre todo, no expone una sola línea de la responsabilidad del Estado en el aumento de la criminalidad, revelando una visión excesivamente policiaca de la seguridad pública, concibiendo ésta como una cuestión de fuerzas y de armas, cuando se debieran al desempleo, la impunidad, la corrupción y la opacidad del quehacer gubernamental como base del problema o, por lo menos, que han contribuido al acrecentamiento y de consolidación de la delincuencia. Contrasta esta concepción con la propuesta expresada por nuestro compañera diputada y presidenta de la Comisión Permanente de Seguridad Púbica, de una Seguridad Pública Ciudadana e Integral. Por lo que tampoco suscribimos su visión.

Desde ahora expresamos que estaremos atentos a que, so pretexto de combatir a la delincuencia, se realicen actos de represión a la legitima inconformidad, al ejercicio de la libertad de expresión, a al inalienable derecho a disentir, la protesta ciudadana a la política estatal bajo ningún escenario deberá ser tratada como asunto de seguridad.

Procuración de justicia.

Al texto se indica en la presentación del programa:

“Lo expreso en otros términos: si deseamos construir una senda de progreso, como propongo, debemos dejar atrás las instituciones que han hecho posible el sistema de privilegios y de impunidad que hacen viable la corrupción en toda la administración pública, así como el manejo discrecional de las instituciones de seguridad y de procuración e impartición de justicia. Nuestro punto de quiebre histórico abrirá oportunidades de progreso al mayor número de ciudadanos en la historia de Veracruz y permitirá, alentará y fortalecerá sus proyectos de

vida, sean éstos individuales o familiares.

Esta es y será la finalidad de mi gobierno: construir instituciones que rompan con las inercias y exclusiones que han predominado en la historia veracruzana”.

Estas palabras son dejadas en calidad de aire vibrado ante los hechos de las últimas veinticuatro horas: El Fiscal General Luis Ángel Bravo Contreras anuncia su renuncia al cargo y designa a Jorge Winckler Ortiz, personaje identificado como propuesta del Gobernador Electo Miguel Ángel Yunes Linares, a quien pretende dejarse al frente del órgano constitucional autónomo como “encargado del despacho” hasta el nombramiento del nuevo Procurador.

Esta forma de proceder es la misma de siempre, es un atajo antiético y una simulación para dejar de lado el ejercicio pleno de la actual legislatura en la designación del fiscal del Estado. Este hecho o rompe con las inercias que han predominado en la historia de Veracruz, al contrario, se inscriben la misma visión patrimonialista y excluyente de la cuestión pública y en el manejo discrecional y la procuración de justicia. Constituye un primer acto de gobernar sin construir acuerdos con este Congreso.

El Plan Veracruzano de Desarrollo y la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2017.

No existe plan serio sin viabilidad financiera, esta premisa resulta clave en el diagnóstico del PVD. La economía es el fundamento para cumplir, o dejar de hacerlo, con los fines que persigue el Plan que hoy se presenta.

El Presupuesto de Egresos de 2017, no sustenta el primer año de Plan Veracruzano de Desarrollo del gobernador electo pues solo garantiza el pago a la burocracia gubernamental y abandona las necesidades de la población en una situación histórica de crisis financiera, social y de seguridad.

Resulta inocultable que las finanzas del Estado se encuentran en una crisis severa; si se estiman los cálculos realizados por algunos analistas y el propio gobernador electo encontramos reconocen que se requerirían más de 80 mil millones de pesos sólo para resarcir el daño patrimonial de los dos últimos sexenios del Estado: el fidelato y el duartismo; sin embargo, el Plan que se presenta, contiene metas y propósitos en las cuales no se alude a este grave factor, se planifica no para la emergencia y la crisis, sino para la promoción y la venta de ilusiones.

En este orden de ideas, es de señalase, finalmente, que los reglones del gasto programado para 2017, denominados Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, esto es, el pago a la burocracia del gobierno y el recurso que el gobernador manejará discrecionalmente para sus propios fines, alcanza más de 69% del gasto del presupuesto, en tanto que el gasto productivo tan sólo representa el 2% para el primer año del Plan Veracruzano de Desarrollo; por lo acrecentado de algunos renglones, especialmente el relativo a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, que alcanza casi la cuarta parte del total del presupuesto en un año electoral, en Morena llegamos a la razonable y fundada conclusión de que el gobierno entrante se prepara para transferir cantidades ingentes de recursos entre partidas, al margen del control y aprobación de este Congreso.

En este escenario de las finanzas estatales, todo apunta a que Enrique Peña Nieto, en acuerdo con el gobernador electo, preparan el escenario para un golpe teatral, espectacular y electoral, anunciando un rescate financiero para “salvar a Veracruz” de una crisis múltiple provocada por el abandono del manejo de las finanzas públicas con fondos federales asignadas a nuestro estado.

Excesos del pasado reciente nos llevan a la convicción de que nuestro Estado no está para un manejo discrecional del erario o para simulaciones político-financieras con fines electorales, por ello, el voto de los legisladores de Morena será en contra del Plan Veracruzano de Desarrollo.

Gracias por su atención.

Palacio Legislativo, Xalapa, Veracruz, 29 de noviembre de 2016

DIP. AMADO JESÚS CRUZ MALPICA

COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO DE MORENA

LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

 

Roberto PÈREZ LÒPEZ

En el Plan de Arbitrios que elabora cada fin de año los ayuntamientos para su gasto corriente anual, se determina entre las partidas la percepción salarial de todos los empelados de gobierno, llámese de confianza o sindicalizados, presupuesto asignado y aprobado por la legislatura de cada entidad.

El dinero asignado al salario de todos los trabajadores resulta intocable, o sea, ningún gobierno puede disponer de él -a su antojo-, mucho menos de cualquier tipo de deducciones -descuentos- que se haga del salario, y al parecer eso está ocurriendo en el gobierno de Coatzacoalcos.

Roberto PÉREZ LÓPEZ

El arcaico y vetusto dizque líder de la Sección 11 del STPRM, Ramón Hernández Toledo anda promoviendo la jubilación forzada de varios trabajadores sindicalizados, pero a su vez protege a sus corifeos, aduladores y lambiscones, los mismos que durante años y décadas se dan las gran vida de lujos y canonjías por ser comisionados nacionales.

Roberto PÉREZ LÓPEZ

La ciudad y puerto de Coatzacoalcos no tiene vocación turística, por varias razones, es una zona industrial y portuaria, o sea, quienes llegan no vienen por ser un polo de desarrollo turístico, sino por cuestión estrictamente de trabajo, no arriban para descansar y mucho menos para tener un sano esparcimiento en sus playas o sitios de recreos.

Roberto PÉREZ LÓPEZ

El hecho mediático de que la Procuraduría General de la República -PGR- haya iniciado una investigación oficial contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y otros funcionarios de su gabinete, no significa que lo vayan a encarcelar, cuando menos al mandatario, resulta poco creíble por el manto de la impunidad en que se cobijan todos.

Esta noticia –de la semana pasada- que corrió como reguero de pólvora desde la capital veracruzana hasta otros confines, y que en las redes sociales se hizo viral, a la gran mayoría de los cibernautas les resultaba inverosímil, no porque crean en la inocencia de Duarte, sino por ser un acto inédito en la entidad, por la complicidad con Peña Nieto y el PRI.

Cabe mencionar de que aquellos 25 millones de pesos que le incautaron a un funcionario menor del gabinete de Duarte en el aeropuerto de Toluca, que finalmente no hubo responsabilidad alguna, todo indicaba que es dinero estaba destinado para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, por eso no paso absolutamente nada.

Entre esa complicidad y muchas más existen el vínculo de la corrupción e impunidad de Duarte y Peña Nieto, de tal forma que no podría ser enjuiciado, otros funcionarios de su gabinete es posible, pero el mandatario nunca, son acuerdos tácitos e inviolables, en síntesis es un “botín mal repartido”, lo que implica que Javier debe renegociar el saqueo.

“No lo veo tan fácil, porque al final de su sexenio trágico Peña Nieto se dará baños de pureza y buscara chivos expiatorios, ahora procede conforme al Derecho Penal que se investigue al Fiscal General por el delito de incumplimiento del deber legal, conforme al artículo 320, fracción I, última parte, que se castiga con 10 años de prisión”.

Así escribió un cibernauta incrédulo de la noticia difundida en las redes sociales, y todavía recalcó: “y van a faltar Pachos Viejos -penitenciaria cerca de Xalapa- para todos los socios que en contubernio robaron a los veracruzanos”, aunque sea Vicente Benítez González, diputado local electo del PANAL, entre otros implicados en los delitos imputados.

Sobre esta denuncia por el delito de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal, la PGR exigió que los indiciados deberían de comparecer en la Ciudad de México, hasta el momento -después de una semana- no se sabe nada del avance de la investigación y comparecencia, seguramente están cuadrando la situación.

Y no va a pasar nada, finalmente Duarte lo va a librar, por eso en Veracruz van a seguir gobernando “Los Canguros” -rojos, verdes, amarillos y azules-, o sea, “unas ratotas grandes”, con respeto a esos marsupiales por la comparación con estos políticos corruptos y desvergonzados del PRI.

Para colmo de males viene lo peor en Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo del PAN-PRD, es una copia fiel de su homologo Javier Duarte de Ochoa, con una negra historia de corrupción y enriquecimiento ilícito, desde su época en el PRI y  su paso por el PAN, donde desfalco al ISSSTE.  

A QUIÉN LE IMPORTA?

La suspensión de los derechos políticos de Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz, como militante “distinguido” del PRI es solamente “circo y maroma”, pues realmente a quién le importa eso, lo que desean millones de veracruzanos es que sea castigado con cárcel por el delito de peculado y enriquecimiento ilícito.

Y esa presunta expulsión del PRI, proviene precisamente por estar involucrado en actos de corrupción investigado por autoridades federales, ahora resulta, entonces que también esa Comisión Nacional de Justicia del PRI le retire esos mismo derechos políticos a Enrique Ochoa Reza, líder nacional del tricolor, por esa liquidación que obtuvo de la CFE.

Además el PRI tendría que empezar a castigar a varios de sus “distinguidos” militantes, César Duarte, de Chihuahua, Roberto Borge, de Quintana Roo, Fidel Herrera Beltrán, ex de Veracruz, Humberto Moreira, de Coahuila, hasta Enrique Peña  Nieto por su “casa blanca”, entre otras corruptelas, así el PRI se quedaría sin miles de militantes “distinguidos”.              

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