Viernes 15 Diciembre 2017

Xalapa, Ver. a 30 de noviembre de 2017.

El coordinador legislativo del Movimiento de Regeneración Nacional, Amado Cruz Malpica, afirmó que en el Primer Informe del gobierno de la alternancia integrado por el PAN y el PRD luego de más de 80 años de administraciones priistas, está replicando la estrategia fallida del expresidente Felipe Calderón y un reconocimiento del Ejecutivo Estatal del fracaso en su estrategia y política para garantizar la seguridad pública de los veracruzanos, pues en un comparativo de los delitos de alto impacto (homicidios dolosos, secuestros, extorsiones, robo de auto con violencia y sin violencia) según sus anexos estadísticos, se han cometido en los primeros 10 meses de 2017, 9 mil 561 actos delictivos, cuando en el mismo lapso del primer año de gobierno de las administraciones de Fidel Herrera Beltrán, sólo acontecieron 2 mil 648 y en la de Javier Duarte 7 mil 355 y contra toda lógica redujo el presupuesto en más de 324 millones de pesos.AMADO24

Xalapa, ver a 1º.de diciembre de 2017

El Grupo Legislativo de Morena quiere dar a conocer información sustantiva que nos arroja el análisis del primer informe del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, porque consideramos que dicha información no debe quedar en el sótano del poder legislativo donde ocurrieron las comparecencias de la glosa de dicho documento, sino que debe ser de dominio público en forma sólida, breve y sustantiva.

Cada semana, ante los medios de comunicación, expondremos, los temas más relevantes, para muchos de los cuales los diputados no recibimos respuestas de los funcionarios que acudieron al recinto legislativo.

Quisiera comenzar con la materia de Seguridad Pública y en especial con los delitos de “alto impacto”, se consideran así aquellos que por el bien jurídico tutelado que dañan, la forma en que se cometen y la conmoción social que generan, además del sentimiento de inseguridad transmitido a la ciudadanía, son cinco tipos penales, a saber: homicidios dolosos, secuestros, extorsiones, robo de auto con violencia y sin violencia.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta mensualmente las cifras en el informe oficial de la incidencia delictiva titulado “Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2017”, las que citaré por tratarse de información oficial, que la propia Fiscalía General del Estado entrega al organismo federal.

1. Las estadísticas de delitos de alto impacto del fuero común demuestran el fracaso de su política de seguridad pública porque está repitiendo en Veracruz la estrategia fallida de Felipe Calderón en el país.

Este informe revela que, si se suman las cifras de estos delitos por año efectivo de ejercicio, esto es, de diciembre del año en que tomaron posesión de sus cargos los tres últimos ciudadanos gobernadores, al 30 de octubre del inicio de encargo de cada uno de ellos, se puede ver que comparativamente en esos lapsos iniciales de 11 meses, la suma total de estos los actos delictivos cometidos en estos 5 tipos de delitos fue, en los:

Primeros 11 meses del Gobierno de Fidel Herrera Beltrán: 2,648actos delictivos

Primeros 11 meses del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa: 7,345 actos delictivos

Primeros 11 meses del Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares: 9,561 actos delictivos

La siguiente gráfica resume estos datos y los compara visualmente:

FUENTE Reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 20 de noviembre de 2017 ttp://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/cifras%20de%20homicidio%20doloso%20secuestro%20etc/HDSECEXTRV_102017.pdf

Más aún, si tomamos los delitos de alto impacto, nuevamente midiéndoles de diciembre de 2016 en que tomó posesión como gobernador, a octubre de 2017 y los comparamos con el mismo lapso de sus cuatro antecesores (al que llamaré año de ejercicio efectivo), en estos 11 meses bajo su mandato garantizan, ya un récord criminal en el estado en los últimos 20 años, como se puede ver en la tabla obtenida de los datos del reporte a septiembre del Secretariado Ejecutivo del SNSP (y eso que falta el reporte de octubre y noviembre para el año efectivo en el poder de su administración). Como se ve en la siguiente tabla:

Veracruz: delitos de alto impacto por año de ejercicio efectivo de 1998 a 2017

Gobierna

Año

Homicidio

Doloso

Secuestro

Extorsión

Robo de vehículo con violencia

Robo de vehículo sin violencia

Totales

PCHC

1998

701

7

68

347

980

2,103

MAV

1999

616

8

80

242

799

1,745

MAV

2000

472

4

43

224

829

1,572

MAV

2001

458

7

61

235

883

1,644

MAV

2002

451

9

69

231

1,157

1,917

MAV

2003

503

17

98

328

1,459

2,405

MAV

2004

463

12

128

337

1,566

2,506

FHB

2005

468

7

180

298

1,931

2,884

FHB

2006

429

3

158

296

1,915

2,801

FHB

2007

469

16

221

402

2,257

3,365

FHB

2008

505

11

385

456

2,542

3,999

FHB

2009

339

0

368

359

2,189

3,250

FHB

2010

575

16

345

818

4,302

6,056

JDO

2011

873

58

391

1,935

4,813

8,070

JDO

2012

989

87

435

1,739

5,140

8,390

JDO

2013

868

108

479

1,562

5,188

8,205

JDO

2014

515

146

268

1,234

4,527

6,690

JDO

2015

539

96

132

1,381

4,894

7,037

JDO

2016

1,186

122

163

1,879

5,359

8,709

MAYL

2017

1,514

163

423

2,392

4,969

9,461

Año de ejercicio efectivo. Doce meses computados de diciembre a noviembre del primer año de ejercicio del mismo gobernador .  *Excepto en 2017 que se registran hasta octubre.

Fuente: Reporte de Delitos del Fuero Común 22 de noviembre de 2017

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/cifras%20de%20homicidio%20doloso%20secuestro%20etc/HDSECEXTRV_092017.pdf 

Imagen1

Si se toman los peores años de las últimas 4 administraciones estatales en este tipo de delitos (marcados en amarillo en la tabla anterior) y se comparan con la administración actual, la siguiente tabla y gráfica es muy clara la tendencia al incremento imparable, hasta ahora:

Veracruz: delitos de alto impacto por año de ejercicio efectivo de los últimos cinco gobernadores

Gobierna

Año

Secuestro

Extorsión

Homicidio doloso

Robo vehículo con violencia

Robo vehículo sin violencia

TOTALES

PCHC

1998

7

68

701

347

980

2,103

MAV

2004

12

128

463

337

1,566

2,506

FHB

2010

16

345

576

818

4,302

6,056

JDO

2016

122

163

1,186

1,879

5,359

8,709

MAYL

2017

163

423

1,514

2,392

4,969

9,461

Año de ejercicio efectivo. Doce meses computados de diciembre a noviembre del primer año de ejercicio del mismo gobernador

*Excepto en 2017 que se registran hasta octubre.

Fuente: Reporte de Delitos del Fuero Común 22 de noviembre de 2017 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/cifras%20de%20homicidio%20doloso%20secuestro%20etc/HDSECEXTRV_092017.pdf

Imagen2

 

* Año de ejercicio efectivo (12 meses computados de diciembre del inicio de un periodo a noviembre del primer año de ejercicio del gobernador correspondiente)

Fuente: Datos obtenidos del Reporte del Secretariado Ejecutivo del SNSP, publicado el 22 de noviembre de 2017                                                                                          

Hasta ahora, en 11 meses de su mandato, los asesinatos dolosos, el secuestro, la extorsión y robos de auto con violencia rebasaron las cifras de cualquier año previo en dos décadas que se analizan y el robo de vehículos sin violencia es mayor que en los 17 años anteriores a 2015, esto sin contar el mes del que todavía no hay datos.

En cinco de cuatro delitos de alto impacto usted no bajó los índices, como reiteradamente ofreció, tampoco fue capaz de evitar que los índices de criminalidad alcanzaran un verdadero récord histórico, superando la estadística de estos hechos en cada uno de los 19 años previos. Esto representaría, hasta ahora, en términos simples una calificación reprobatoria, ha sacado 2 en una escala de 10.

Y para terminar con los números, esta tendencia se comprueba con la información que se ofrece en la página 52 del Anexo Estadístico de este su propio primer informe, en la siguiente tabla:

 

Debe tomarse en cuenta que el último mes de 2106 corresponde ya a la administración del gobernador Yunes Linares y que solo se está considerando al corte del 5 de octubre, con lo que faltarían aún 2 meses del presente año fiscal para hacer plenamente comparables las series numéricas presentadas.

Si se conserva la tendencia de la incidencia de estos actos delictivos, como en los últimos 10 meses, se cometerían más de 2,400 delitos del fuero común por mes, por lo que es previsible se agregarán a la cifra de 2017, cuando menos 7 mil 200 crímenes más en el año, para alcanzar cerca de los 30 mil delitos del fuero común, más del doble de los que se cometieron en el año de 2013 en el estado.

Gobernador, como dijeron mis compañeros diputados y diputados, estos datos no son solo números son personas, familias afectadas por la incapacidad de brindarles servicios gubernamentales básicos, como el garantizar la vida que es la obligación primordial del estado que establece la Constitución ante la que juró solemnemente.

En resumen, su gobierno no ha cumplido el principal ofrecimiento de su campaña, esto es, disminuir los índices delictivos y que los veracruzanos nos sintamos tranquilos, al contrario, hoy en materia de Seguridad Pública, Veracruz sigue peor y eso corresponde a la misma incertidumbre y temor de la población, pues a pesar de estar apoyado en labores policiacas por la Marina, Ejército y Gendarmería, al igual que lo hizo su compañero de partido y ex jefe, el presidente Felipe Calderón.

Para otorgar el beneficio de la duda, porque la confianza se ha encargado de dilapidarla en sólo 11 meses, tendría que explicarnos, también por qué no coincide la información sobre las estadísticas vitales captada de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas, proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que contiene registros de mil 916 Oficialías del Registro Civil, 416 Agencias del Ministerio Público y de 117 Servicios Médicos Forenses del país, que mensualmente proporcionaron información al INEGI, a nivel país y en particular Veracruz, la que es consultable en

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/homicidios/homicidios2017_07.pdf.

Con respecto a las “cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2017 del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

(http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/cifras%20de%20homicidio%20doloso%20secuestro%20etc/HDSECEXTRV_062017.pdf), que ya cité, hice un contraste de ambas cifras de las dos fuentes de información en el caso del delito más grave homicidios dolosos de acuerdo con la siguiente tabla para el Estado de Veracruz

Tabla 1. Homicidios dolosos

Año

INEGI

SESNSG

Diferencia

2007

380

478

+ 98

2008

340

477

+ 137

2009

693

347

-346

2010

461

583

+122

2011

1000

890

+110

2012

1019

968

+51

2013

765

863

+98

2014

883

487

-396

2015

1006

565

-441

2016*

1039

1,258

+219

2017 **

 

1,382

 

TOTAL

7, 586

6,916***

670

* A julio de 2016     ** A octubre de 2017          ***Se excluyó 2017

Esta diferencia de 670 más crímenes registrados por el INEGI que por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hace pensar que alguien no está haciendo bien su trabajo, ni hay un solo año que coincida y como legisladores quisiéramos que nos explicara

¿Cuál es la razón de que dos instituciones públicas (uno como organismo autónomo y otra dependiente de los ejecutivos municipales, estatales y federal) no tienen una sola información?

Usted y la administración que representa están incumpliendo con las cuatro primeras fracciones y en particular la IX del artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, puesto que es corresponsable de estos datos conforme lo establece el artículo 16 de la misma ley.

O explíqueme porque no entiendo su estrategia con algo tan elemental como los diagnósticos de la problemática de la seguridad pública y de un delito tan delicado como son los homicidios dolosos.

2. La abstención del estado de aplicar la constitución o el derecho a la muerte según el Secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie

Su secretario de Seguridad Pública, el licenciado Jaime Téllez Marie, vino a este Congreso a tratar de justificar una tesis de corte nazista, sostenía que las muertes de criminales no interesan, que no se va a proteger criminales, que prácticamente dejarán que se sigan enfrentando las bandas de criminales y que se liquiden entre ellos, la misma postura que tuvo su compañero de partido y ex jefe, el presidente Felipe Calderón y que tuvo un balance de 70 mil muertes en esta guerra, que no quiso hacerlo pero que finalmente así ocurrió.

Usted está proponiendo continuar con la política de Calderón del Estado fallido en Veracruz, con el apoyo del presidente priista Enrique Peña Nieto, un estado ya por sí lastimado por la delincuencia gubernamental encarnada en los priistas y en el partido que Usted también dirigió en 1997, así pues su gobierno, ¿va intervenir para que se maten entre ellos y así disminuya la criminalidad?, ¿esa es una estrategia como gobernador y experto en Seguridad para disminuir la criminalidad en Veracruz?, ¿conoce Usted y su secretario el contenido del artículo 4° Constitucional, relativo a que el bien jurídico más preciado para las instituciones del Estado es la vida?

No podemos dejar de recordar que usted es un experto en la materia, precisamente en tiempos de la presidencia de Vicente Fox, fue Coordinador de Asesores del Secretario de Gobernación, Director General de Prevención y Readaptación Social, Asesor de la Subsecretaría de Seguridad Pública de 1999 a 2000, en la Secretaría de Gobernación y en 2015, ya con Peña Nieto, y desde la bancada del PAN, fue Presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

El no atender las muertes de criminales, porque no es interés de su gobierno, nos parece una visión primitiva de la Seguridad Pública, porque, en los “daños colaterales”, esto es la muerte de inocentes y el impacto que causa en la población, como el caso de los cuatro menores de entre tres y seis años ejecutados junto a sus padres en Coatzacoalcos como el caso más lamentable, pero qué decir de los 11 ejecutados y abandonados en Boca del Río, de los cuales 5 de ellos no tenían antecedentes criminales. La mayoría de los “criminales” son jóvenes, muchos adolescentes aún, ¿eso no es de su incumbencia?, ¿no se le hace necesario replantear su estrategia y atender a la juventud?

En cualquier asunto criminal, se presume inocencia de los inculpados, hasta que se demuestre lo contrario, esto es, en un estado de derecho, lo que dice su Secretario de Seguridad Pública es la propuesta de un estado de barbarie.

Declarar, a bote pronto, como criminales a todos los ejecutados, ignora a los secuestrados e inocentes que Usted y su Secretario de Seguridad Pública revictimizan impunemente y extiende el manto de temor entre la población; esa es también su responsabilidad, señalar de facto a inocentes como criminales, no debiera ser la expresión de una autoridad.

Por si no lo conocía, el Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana desde 2013, ya habían planteado este problema en el texto “Violencia, inseguridad y justicia en Veracruz” y lo más grave son sus conclusiones de las que cito para su conocimiento:

“…En Veracruz, las policías municipales e intermunicipales (cuando todavía existían) tienen diferentes registros de delitos. La Procuraduría General de Justicia  del Estado (hoy Fiscalía) posee un sistema de indicadores delictivos que no solo riñe con los datos de las policías anteriormente referidas sino además que no coincide con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los gobiernos… han usado estos datos contradictorios como parte de una estrategia de captura de los crecientes recursos federales destinados a la seguridad pública, mediante un simulacro que los ha subordinado  lentamente al gobierno federal sin ninguna propuesta de innovación legal e institucional. Las policías de Veracruz son organizacionalmente reactivas y asumen el modelo policial único propuesto por el gobierno federal como una obligación negociable, sin imaginar ni diseñar un modelo de integración policial descentralizado. Es el juego de la alineación política a cambio de recursos. El uso político de la estadística delictiva ha posibilitado una cuota de legitimidad fugaz que no es suficiente para negar la prueba del incremento de algunos delitos en Veracruz…el gobierno estatal ha perdido la posibilidad de crear un sistema estatal y municipal de indicadores homologado que permita la inversión racional y focalizado de los recursos públicos federales y estatales procedentes de los millonarios fondos de seguridad pública o de los instrumentos de política social que pueden convertirse en contenedores de los delitos y de las nuevas modalidades de violencia en lugar de simples mecanismos clientelares durante los procesos electorales…”

3. Las últimas medidas del gobierno panista prueban el fracaso en Seguridad Pública y convocan a los Ayuntamientos y ciudadanos, de facto, a armarse contra la delincuencia.

Usted es el experto en el tema y sabe claramente qué está ocurriendo: ¿por qué no puede su gobierno disminuir los índices delictivos, a pesar del apoyo de la Marina, el Ejército y la Gendarmería Nacional?

Esto parece una guerra no declarada en el estado y en la cual su gobierno dice no querer intervenir, lo que es completamente discutible, pero eso no justifica que su gobierno no utilice todos los recursos para el combate al crimen, por ejemplo ¿cómo explica, que con esta crisis en su primer año haya reducido el monto del presupuesto para estas tareas en más de 324 millones de pesos, sobre todo cuando su Secretario de Seguridad Pública ha reconocido un brutal subejercicio de más de 800 millones de pesos del FASP (Fondo de Apoyo de Seguridad Pública) en los años anteriores?

En el Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, que firmaron el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno Zamora y el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares (asistido por la secretaria de finanzas y planeación, en ese entonces Clementina Guerrero García, el secretario de seguridad pública, Jaime Ignacio Tellez Marié y la secretaria ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Ana Cristina Ledezma López), se destinaron 300 millones 388 mil 372 pesos de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), pues en todos los indicadores de comisión de delitos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública pues los delitos de robo con o sin violencia, extorsión y homicidios han crecido.

            En la Cuenta pública 2016, el ORFIS recomienda que tras la presunción de la existencia de responsabilidad resarcitoria por un probable daño patrimonial de 214 millones 590 mil 971 pesos de recursos de esa secretaría se implementaran mecanismos de control interno en las 14 recomendaciones de carácter financiero para mejorar la gestión financiera, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas del contralor interno de la dependencia y realizar el seguimiento de sus recomendaciones

¿Qué medidas se están adoptando al respecto?

Presupuestariamente, de los 7 mil millones de pesos aprobados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, a Veracruz le corresponderán 300 millones 388 mil 372 pesos, lo que representa sólo el 4.29%, mientras que la proporción de la población de la entidad en el país representa el 6.66%, esto es que los criterios aprobados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública castigan a la entidad por los pobres resultados obtenidos en el combate a la delincuencia, las policías no acreditadas y el aumento de delitos de alto impacto, con base en el Acuerdo 11/XLI/16 emitido en la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria celebrada el 20 de diciembre de 2016, mediante el cual aprobó los criterios de distribución, fórmulas y variables de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).

La medida de pasar en estos momentos la responsabilidad de la seguridad pública a los ayuntamientos, sin analizar, sin planear, sin equipar, en fin, sin generar las condiciones adecuadas para la tarea y recargándose, como lo hace también con las fuerzas armadas nos habla de que su estrategia no dio los resultados esperados y que ahora convoca a los ayuntamientos para que compartan sus limitaciones y su falta de resultados.

Pero además, los recursos económicos, tecnológicos, de información, administrativos y políticos del gobierno y de la policía estatal, estatal terminarán por dirigir en los hechos a las policías municipales.

Usted ha reconocido poco a poco, pero no plenamente el incremento extraordinario de la criminalidad en el estado y sobre todo no reconoce el fracaso de su estrategia en Seguridad Pública y la necesidad de hacer los cambios necesarios en ésta, incluido el de cambiar por una visión más amplia en la materia como el de impulsar una política pública para  generar empleos, crear una verdadera política pública de desarrollo social a cargo de los ayuntamientos y no de programas estatales electoreros centralizados como Veracruz Comienza Contigo, esto es empezar a ir a una de las fuentes, de las raíces de la criminalidad.

En este mismo sentido, al ampliar los supuestos de los casos de legítima defensa, que autoriza a los ciudadanos, sin decirlo, a tener armas en sus casas propuesta por su partido es, en los hechos, reconocer que su gobierno no puede con la inseguridad pública en el Estado y que ahora también convoca a los ciudadanos a que se armen para que lo ayuden a contener la ola de criminalidad, que ahoga a la incapacidad de su administración en la materia. La propuesta consiste en una Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción tercera del artículo 25 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y en la exposición de motivos se expone:

“Con el paso de los años en el Estado de Veracruz, ha venido ocurriendo una descomposición social; ya que el aumento diario en secuestros, extorsiones, homicidios, robos de vehículos, a casa habitación y a negocios; ha dado por resultado el enfrentamiento a uno de los problemas más serios como lo es la inseguridad, situación que atenta contra la estabilidad de la sociedad Veracruzana.”

El grupo Legislativo de Morena aprobó el decreto porque efectivamente vemos que los ciudadanos cada vez estamos más indefensos ante el avance del crimen que es su responsabilidad detener, pero no ha sido capaz de hacerlo.

El problema de este gobierno frente a la inseguridad es también de visión: una visión reducida, policíaca y política de muy corto plazo, no es una visión de hombre de estado que ve en su conjunto la causa de los graves asuntos que nos aquejan, y extiende la mirada en el tiempo, por encima de intereses electorales o personales inmediatos.

            Le quiero recordar que esta espiral de violencia y criminalidad se hizo mucho más grave cuando el entonces espurio presidente Calderón, sin que su gobierno estuviera preparado para ello y solo para intentar legitimarse, declaró una guerra que hicieron que la criminalidad explotara, que la delincuencia de todo tipo se hiciera de niños, adolescentes y adultos jóvenes a los cuales mandaron, por la vía de los hechos, a una guerra de exterminio ante la pobreza que se profundizaba y la corrupción gubernamental de todos los colores que saqueaba el erario.

4. No hay certeza de que exista un banco de información policial y criminal que se reflejen en una verdadera estrategia de combate criminal

Desde el año 2010, existe un protocolo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, denominado “Sistemas policiales de información e inteligencia”, en donde hace una serie de recomendaciones útiles para los diferentes países que enfrentan una situación del incremento de la delincuencia organizada y que me voy a permitir citar algunas partes que servirán de contexto para mis preguntas, cito al documento:

“…los investigadores siempre han tratado de descubrir el hilo común que une todos los elementos de un caso, o tomado nota mental de las costumbres de delincuentes conocidos o cultivado relaciones especiales con personas del hampa capaces de proporcionar información privilegiada… la reunión de información sobre delincuentes, el archivo de huellas dactilares y de ADN y la utilización de técnicas encubiertas de investigación, incluido el empleo de informantes… en los últimos 50 años ha evolucionado la práctica del cotejo de fichas criminales y ahora hay… departamentos que utilizan programas informáticos especiales y las competencias de analistas profesionales del delito. También se ha refinado la aplicación de la información. Se han desarrollado técnicas y metodologías de inteligencia para detectar amenazas delictivas o trazar el perfil de delitos o delincuentes conocidos. Desde el punto de vista estratégico y táctico, actualmente se dispone de inteligencia que permite a la policía adoptar decisiones más exactas y más fáciles de justificar…”

En este contexto hay una mención de que desde 1996 en Veracruz había una base de datos policiaca y delincuencial sin que se sepa qué ha pasado con ella, si en los libros blancos de entrega recepción de la administración se recibió y la cito para evitar malos entendidos o que estoy inventando esta situación.

Desde 1996, durante el gobierno de Patricio Chirinos y su entonces Secretario de Gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares, crearon las policías intermunicipales: la de Veracruz-Boca del Río, Poza Rica-Tihuatlán y Xalapa-Banderilla-Tlalnelhuayocan, que buscaban dar una mayor cobertura a la seguridad pública municipal, incluso quien fuera titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Juan Herrera Marín, mencionaba que el control a los policías era porque “se ha concluido la captura de casi 14 mil registros individuales con fotografía y huellas digitales y se ha instaurado ya el sistema para mantenerlo actualizado, reportándose las altas y bajas que mensualmente se producen dentro de las corporaciones. Preparamos la captura de 280 mil fichas de identificación de la historia delincuencial de nuestro estado, se cuenta para estos trabajos con equipo de cómputo y comunicación con valor aproximado de 2.7 millones de pesos”.

* Revista Transición, marzo de 1997,  “Por recursos no se ha parado, pero el camino hacia la nueva cultura de la seguridad no es fácil: Juan Herrera Marín”. Centro de Estudios para la Transición Democrática. Consultado 2 de noviembre de 2017.

http://www.cetrade.org/transicion/1997/marzo/herrera.htm

A partir de ello quisiera me respondiera las siguientes preguntas

¿Qué datos produce el Departamento de Estadística con respecto al análisis de los delitos?, ¿Existe un servicio del sector público de investigación de delitos que proporcione análisis sobre las tendencias del delito o la delincuencia?, ¿Están al alcance de los delegados de seguridad pública regionales, los conocen los comandantes o comisarios municipales, usted y el secretario de seguridad pública nacional?, ¿Cuántos tienen acceso a una intranet policial, una red de computadoras cerrada compartida por organismos y agentes policiales? ¿Cuántas tienen acceso a programas informáticos analíticos protegidos por derechos de propiedad como ibase/i2, Xanalys Watson, Unisys Holmes o Pegasus?

Discurso

Ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador Constitucional del Estado.

Ciudadana María Elisa Manterola Saiz, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Señoras y señores diputados.

Señoras y señores.

En esta fecha comparece el Gobernador para confrontar ideas y planteamientos con los integrantes del Congreso, su presencia se debe a un acto voluntario y sin que ninguna norma jurídica lo constriña, más aún:  él mismo fue quien formuló la petición que hoy se materializa; este acto debiera inscribirse, como propio y habitual de una vida republicana y democrática plena, sin embargo, no basta la forma para aprobar como republicano y demócrata al gobernador compareciente, una dilatada serie de razones lo alejan de estos encomiables adjetivos, y por ello, con la honrosa representación del Grupo Legislativo de Morena en esta Legislatura me permito señalar, en forma respetuosa, las razones del disenso:

I. Ausencia de transición.

Con independencia de los debates conceptuales sobre la transición, su idea primigenia y mínima es la de pasar de un modo de ser a otro distinto, consumar un cambio, reemplazar a los actores y practicas indeseables del pasado, aplicar sanciones a quienes violaron la ley, a los que desfalcaron los fondos públicos, abusaron del poder y violentaron derechos humanos. Pues bien, todos estos reclamos se encuentran vigentes en su exigencia, a pesar de la captura y encarcelamiento del Gobernador anterior y algunos de sus colaboradores, el valladar de la impunidad parece, hasta ahora, invencible e impide consumar el cambio, ha faltado visión de estado, voluntad necesaria o, en el mejor de los casos, capacidad para realizar la transición.

Los veracruzanos votaron en el año 2016 por un cambio tangible del gobierno y así, con las escasas reservas de confianza democrática, los ciudadanos acudieron a las urnas exigiendo cambios de forma y de fondo, y hoy, a un año de ejercicio gubernamental del ofrecimiento de transformación y de alternancia su gobierno se desnuda como un instrumento de mercadotecnia electoral, y los hechos revelan que no hay transición, ni voluntad política para ello, en ninguno de los tres poderes del Estado, a saber:  Ejecutivo, Legislativo y Judicial; tampoco existe transición en la frívola Fiscalía General del Estado.

  

Hoy queda claro que no se tuvo nunca un método y una agenda posible para alcanzar los ofrecimientos hechos, que se perdió la oportunidad de desenmascarar a fondo las complicidades del régimen precedente con sus padrinos políticos en el poder federal –sólo se amagó con cimbrar al país–, de recuperar sustantivamente lo mal habido, de rendir cuentas claras, de aplicar una auténtica austeridad en el gasto corriente, y de gobernar en la pluralidad. La transición de estado requiere estadistas y no oportunistas electorales. El bono democrático se le fue de las manos ciudadano Gobernador.

II. Fracaso en materia de seguridad pública e incremento de la criminalidad.

Preservar la vida, la libertad, la dignidad y el patrimonio de los ciudadanos es la primera e ineludible responsabilidad de los gobernantes, a tal grado que, se puede afirmar, que el gobierno que no sirve para preservar la vida de los ciudadanos, no sirve para gobernar.

A pesar haber sostenido en campaña electoral que recuperaría la seguridad y la tranquilidad para los veracruzanos en un plazo de seis meses, a partir de su arribo al gobierno, vencido por partida doble ese plazo, las cifras resultan escalofriantes: no sólo estamos muy lejos de recuperar una vida cotidiana medianamente segura, sino que, al contrario, durante su mandato se alcanza un record criminal histórico en los últimos veinte años, pues al compararse la numeralia de delitos de alto impacto del fuero común, en los peores años de cada administración anterior a la suya tenemos que, con Fidel Herrera Beltrán presentó 6,056  actos delictivos; con Javier Duarte de Ochoa sumó 8,709 actos delictivos y, en los primeros once meses de su gobierno 9,461 actos delictivos.

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Ciudadano Gobernador, como dijo una de mis compañeras diputadas, estos datos no son sólo números, son personas, familias, comunidades afectadas por la incapacidad de su gobierno de brindar una seguridad publica mínima, esto a pesar de que usted afirmó tener, y ahora citó: “…la experiencia suficiente para lograrlo y la mano dura para actuar en contra de los delincuentes”. Nos negamos a imaginar cómo estaríamos de no tenerla.

Pasando a la visión de seguridad pública de su gobierno, merece recordarse que su Secretario, el Licenciado Jaime Téllez Marié vino a este Congreso a sostener una tesis impresentable, al afirmar que las muertes de los criminales no le interesan, que los enfrentamientos entre bandas criminales no le preocupan.

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Cuestiona Daniela Griego al coordinador de Comunicación Social

DIP DGRIEGO123Xalapa, Ver., 29 de noviembre de 2017.- La diputada integrante del Grupo Legislativo de Morena,  Daniela Griego Ceballos participó en la comparecencia de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) del Gobierno del Estado, cuestionando a su titular Elías Assad Danini.

El funcionario estatal compareció este miércoles ante la Comisión Permanente de la Comisión de Gobernación de la LXIV Legislatura.

Daniela Griego refirió que durante la pasada administración estatal la CGCS fue de las principales dependencias en dónde se desviaron más recursos públicos, al ejercer más de 8 mil 500 millones de pesos tan solo en 2016, y que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) detectó un daño patrimonial por 2 mil 284 millones de pesos en esa coordinación.

“Sin embargo, si revisamos los informes de gasto y los datos que da el propio Informe de Gobierno tenemos que en 2016 solo se ejercieron 277 millones 300 mil pesos en el área de la comunicación social”.

DIP DANIELA GRIEGO234Xalapa, Ver. 28 de noviembre de 2017.- La diputada Daniela Griego Ceballos dijo que la Secretaría de Protección Civil (SPC) ha sido utilizada como caja chica en campañas electorales por gobiernos anteriores, haciendo uso ilegal de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Lo anterior lo expresó la legisladora durante la comparecencia de la Secretaría de Protección Civil, Yolanda Baizabal Silva, ante la Comisión Permanente de Protección Civil de la LXIV Legislatura, realizada este martes.

Griego Ceballos, integrante del Grupo Legislativo de Morena cuestionó a la funcionaria estatal sobre la situación que guarda el gasoducto que se construye en los municipios de Xalapa, Emiliano Zapata y Coatepec; también le cuestionó sobre la ejecución de contratos y distribución de bienes a partir de declaratorias de desastres y liberación de recursos del Fonden; y la implementación de la Estrategia Integral de Riesgos, entre otros temas.

Denuncia Carola Viveros irregularidades en Sector Salud

DIP CAROLA1234Xalapa, Ver., 27 de noviembre de 2017.- La diputada integrante del Grupo Legislativo de Morena, Tanya Carola Viveros Cházaro, cuestionó al secretario de Salud (SS), Arturo Irán Suárez Villa, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado.

El funcionario estatal compareció este lunes ante la Comisión Permanente de la Comisión de Salud y Asistencia de la LXIV Legislatura como parte de la Glosa del Informe de Gobierno.

Tanya Carola Viveros Cházaro participó durante la primera ronda de preguntas al secretario de Salud. Dijo que para el gobierno del Estado “lo que menos importa es la salud de los veracruzanos, y lo que más importa es seguir sin cambiar”.

Problemáticas en sector Salud

Y es que la diputada de Morena expuso lo siguiente: “Tenemos una problemática muy importante en el sector salud, sabemos que la corrupción de las administraciones anteriores no tenía fin ni mucho menos humanidad, y que vaciaron los recursos destinados a uno de los derechos más importantes de la población, casi casi firmando la sentencia de muerte a muchos veracruzanos en situación de pobreza que dependen por completo de los servicios público de salud”.