Omisiones y carencias definen la actividad de la SEV señalan diversos legisladores
Numerosos cuestionamientos sobre la inversión educativa, los programas y la transparencia en la aplicación de los recursos, realizaron las y los diputados durante la comparecencia.
Ante la Comisión Permanente de Educación y Cultura, integrada por los diputados León David Jiménez Reyes, presidente; Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, secretario y la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, vocal, compareció el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Enrique Pérez Rodríguez, quien durante su exposición presentó un resumen de las actividades de la dependencia a su cargo, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.
Numerosos cuestionamientos sobre la inversión educativa, los programas y la transparencia en la aplicación de los recursos, realizaron diputados durante la comparecencia de Pérez Rodríguez, en la primera ronda; así como diversos temas en particular, pendientes de una solución o atención por parte de la SEV.
Del Grupo Legislativo de Morena, el diputado León David Jiménez Reyes lamentó que el mayor porcentaje de presupuesto de la Secretaría sea enfocado al pago de sueldos y salarios, por lo que preguntó sobre el monto que asignan a la creación de políticas públicas en beneficio de la educación, cuáles fueron los programas y recursos asignados a cada uno de ellos, así como qué se ha hecho para evitar la deserción escolar.
El funcionario confirmó que un alto porcentaje del presupuesto es asignado al capítulo 1000, Sueldos y Salarios, lo que –señaló- dificulta la operación del resto del sector educativo. Expuso que los programas que operan son federales y ejemplificó “Escuelas de Tiempo Completo”, con 274 millones de pesos (MDP); “Nivel de Inglés”, 11 MDP; “Reforma Educativa”, 18 MDP; “Telebachillerato Comunitario”, 16 MDP, entre otros. Detalló que el programa de becas es una acción que implementan para evitar la deserción escolar, así como la implementación de la Prepa Abierta, a fin que jóvenes que ya están en el mercado laboral, tengan una opción de culminar sus estudios.
El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), en voz de la diputada María Josefina Gamboa Torales, solicitó un balance del antes y después en la SEV, respecto a la inversión educativa, los programas y la transparencia en la aplicación de los recursos; a lo que el servidor público explicó que en 2015 el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), detectó un presunto daño patrimonial de siete MDP; en 2016 fue registrado la cantidad de 724 MDP y en 2017 sólo se registraron observaciones de carácter administrativo.
De igual manera habló sobre las inversiones realizadas por Espacios Educativos y que implementaron los procesos para poderlas constatar.
El diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Legislativo “Del Lado Correcto de la Historia” pidió un Informe pormenorizado de las plazas otorgadas en esta administración, a fin de saber en qué fechas y bajo qué criterios se hizo. De igual forma, preguntó sobre la inconformidad de maestros de un Jardín de Niños en el Municipio de Las Choapas, respecto a su pago; las plazas otorgadas, sin haberse concursado, en la Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV), así como el posible conflicto de intereses entre el Contralor Interno de la SEV y la coordinadora de Delegaciones, Claudia López, toda vez que existe una línea de parentesco familiar.
El titular de la SEV indicó que todas las plazas otorgadas han sido de conformidad con la normatividad vigente, de acuerdo a la ley y que en ningún momento han violentando los derechos de terceros; agregó que en el área de recursos humanos se han registrado más de 25 mil movimientos de diversa naturaleza. Del Jardín de Niños en Las Choapas expuso que se trata de pagos federales, ya que la SEV sólo es procesadora de la nómina y se comprometió a coadyuvar para solucionar este problema; sobre la UPV refirió que tienen su procedimiento aparte en colaboración con la organización sindical y expuso que a él no le corresponde nombrar al Contralor Interno, sino que corresponde a la Contraloría General del Estado.
Por el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Erika Ayala Ríos, preguntó cuál es el monto total de adeudo a sindicatos y cuál es el apoyo que se les da a los docentes ante la inseguridad.
El secretario Pérez Rodríguez respondió que los sindicatos han recibido de manera puntual sus aportaciones y que el monto es variable según el Sindicato. Dijo que actualmente existen 33 sindicatos. Referente a la inseguridad, expuso que trabajan de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública, presidentes municipales, padres de familia y sindicatos, para el diseño de estrategias que disminuyan la inseguridad.
Durante la segunda ronda de preguntas y respuestas, la diputada Brianda Kristel Hernández Topete, integrante del Grupo Legislativo Mixto MC-PRD cuestionó cuántas escuelas fueron rehabilitadas con el Programa “Escuelas al Cien” en el Distrito XXIV, con cabecera en Santiago Tuxtla; cuántos planteles quedaron inconclusos y el motivo.
El secretario dijo que para ese Distrito se aplicaron 85 millones 942 mil, 846 pesos 94 centavos y fueron beneficiados cuatro mil 486 alumnos.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica, del partido Morena, requirió información sobre cuántos maestros fueron afectados, tras los descuentos que se realizaron por créditos que no habían solicitado.
El funcionario detalló que ese problema se enfrentó a nivel nacional y que, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), recibieron asesoría de cómo resolver el problema de terceros institucionales, que son empresas particulares otorgantes de créditos y la Secretaría realiza los descuentos sobre la nómina y deposita al proveedor.
Reiteró que el asunto lo debe resolver la Fiscalía General del Estado (FGE), donde los proveedores y los maestros concilian, con el respaldo de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).
La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, del partido Morena, preguntó el estado actual de la construcción del Instituto Tecnológico de Martínez de la Torre, el resguardo de los bienes muebles e inmuebles, así como la situación real de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) y la gestión hecha por la SEV a fin de apoyar a coordinadores regionales de esta institución; a lo que el funcionario indicó que cuando él llegó a la SEV la obra del tecnológico estaba abandonada y que actualmente registra un avance del 80 por ciento, además que está contratada la segunda fase.
De igual modo subrayó que a la UPAV se le dio un nuevo enfoque para reordenarla administrativa y económicamente bajo la guía de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El legislador Raymundo Andrade Rivera, del partido Morena, cuestionó en relación a la seguridad brindada a los docentes que sufren alguna amenaza. Al respecto el secretario subrayó que hubo acompañamiento a los maestros, en colaboración con las organizaciones sindicales, a fin de resguardar su integridad. De igual manera agregó que realizaron 150 cambios de adscripción, resultado de este tipo de actos.
El diputado Juan Manuel de Unánue Abascal, del PAN, preguntó qué acciones se establecieron para evitar los llamados “aviadores”, personas que cobran sin asistir a laboral, así como los cambios de adscripción no fueron autorizados, aún cuando el docente cumplió con el trámite; a lo que el secretario señaló que con el apoyo de la SEP fue realizada una auditoría que arrojó que 153 personas estaban bajo la figura de “licencia presidencial”, entendiéndose como aquella que se otorga por un año con goce del sueldo y atendiendo cuestiones de salud.
Agregó que este ejercicio permitió regularizar la plantilla laboral y saber en qué centros de trabajo estaban ejerciendo. De igual forma –agregó- que los trámites de cambio de adscripción se han privilegiado el derecho de los niños a no quedarse sin maestro.
Del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Deisy Juan Antonio, preguntó cuántas bases fueron entregadas en su administración, cuántos “aviadores” había cuando asumió el cargo y con cuántos se queda la dependencia. Esta información la pidió por escrito en el tiempo que establece la ley.
El secretario respondió que sí hubo basificaciones, que en 2016 se asignaron mil 203 plazas y que en el periodo que comprende de 2017 a 2018 se entregaron cinco mil 896 plazas, todas ellas determinadas bajo la normatividad vigente. El funcionario se comprometió a enviar la información detallada dentro de las 48 horas entrantes.
Respecto al tema de “aviadores” dijo que se hicieron adecuaciones con 13 mil empleados para detectar las anomalías que había en el personal.
Rosalinda Galindo Silva, legisladora de Morena, preguntó si existen denuncias, el estado que guardan y el número de denuncia contra el ex secretario Adolfo Mota y el oficial mayor Edgar Espinoso, tras el daño patrimonial por más de 70 millones de pesos.
Pérez Rodríguez afirmó que se revisaron las carpetas de entrega-recepción del año 2016. Expuso que el problema fue turnado a la Contraloría General del Estado, por lo que desconoce el número de denuncia, destacó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la instancia que la presentó, por supuesto desvío de recursos federales.
En una segunda participación, la legisladora, María Josefina Gamboa Torales del Grupo Legislativo del PAN, pidió al Secretario de despacho diera datos duros de los logros de este Gobierno, las escuelas que atendieron, becas y todas las acciones realizadas, el funcionario público hizo un resumen puntual de la información solicitada.
La diputada Florencia Martínez Rivera, de la bancada “Del Lado Correcto de la Historia” señaló que si el sistema de Telebachillerato es de las áreas que más importancia tiene para este Gobierno, por qué son los que cuentan con menos recursos económicos y, ante lo cual preguntó, qué acciones ha hecho la SEV para impulsar este sistema educativo. A lo cual el secretario respondió que trabajan para regularizar jurídicamente los terrenos en los que están asentados los planteles de telebachillerato, toda vez que las reglas de operación federales así lo piden para brindarles recursos.
El diputado del partido Morena, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, preguntó bajo qué criterios fueron otorgadas las plazas de los ciudadanos Enrique Pérez, Ana María Ponce, Santa María Pérez Roberto, Claudia Liliana López Benítez, Sandra Minerva Ramirez Chaga, Rubén Becerra Pérez, Gerson Martínez Velasco, Argelia Díaz Ramos, Roberto Guzmán Durán, Silverio Rocha Torres y Aquiles Moreno Solano, así como a cuánto asciende el total de esas plazas.
Al respecto el funcionario informó que hará llegar, en el término de las 48 horas, un informe, toda vez que en ese momento no traía los expedientes mencionados.
El diputado Wenceslao González Martínez cuestionó en relación a cuántos maestros – tras aprobar su examen de promoción- no se les ha otorgado su re categorización; el cambio de adscripciones y la ausencia a su centro de trabajo, durante ya varios años, del profesor Ignacio Valentín Flores Aguayo.
El secretario contestó que las re categorizaciones se dan a través de programas con las organizaciones sindicales, a fin de saber quiénes serán los que tienen derecho, para lo cual se aplica un examen de desempeño. Del profesor aludido, señaló que le hará llegar al legislador el informe respectivo, en el término de las 48 horas.
El diputado León David Jiménez Reyes concluyó, a las 16:20 horas, la comparecencia.