Por Guillermo BarbaPor más que molesten a algunos políticos -y en especial a los de la llamada “Cuarta Transformación-, las opiniones y análisis de los expertos en economía y finanzas son importantes porque permiten corregir a tiempo cuando se lleva un rumbo equivocado.
El sexenio pasado por ejemplo, la expansión de la deuda pública fue muy acelerada y prendió focos amarillos entre analistas e inversores. Una vez que esas preocupaciones fueron atendidas (más tarde que temprano), se pudo detener y comenzar a revertir el creciente endeudamiento.
En particular los economistas independientes, tenemos mayor libertad para poder pronunciarnos de manera anticipada respecto a malas decisiones. Otros más, por sus compromisos comerciales, financieros, temor a equivocarse o hasta por meras simpatías, suelen pecar de excesiva cautela.
Tal es el caso de las grandes firmas calificadoras o bancos internacionales de inversión, cuyas advertencias deben ser vistas por los ciudadanos como la “última llamada” antes de una crisis.
Cortesía
Esto se lo digo porque cada día con mayor frecuencia, leemos reportes y declaraciones de ejecutivos y funcionarios de compañías como Fitch, Moody’s, Goldman Sachs o JPMorgan, haciendo llamados al gobierno de México para evitar una degradación crediticia de la deuda soberana, que ya es cuestión de tiempo.
Una baja en la nota crediticia tendría efectos muy sensibles en la inflación, tasas de interés y el tipo de cambio que serían notables para todos.
La parte más delgada de la cuerda de la que penden las finanzas públicas mexicanas, tiene nombre y apellido: Petróleos Mexicanos (Pemex).
Para decirlo claro: Pemex es la mayor amenaza a la estabilidad macroeconómica del país, y si bien es cierto que su quebrada situación no es asunto reciente, sí lo es que el gobierno actual lejos de mejorar las perspectivas de la empresa, las empeora.
Debido a esto, ayer un analista de Moody’s dijo hoy que si se continúa dando apoyo financiero a Pemex, la deuda del gobierno podría dispararse más de 5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos años. Esto presionaría las finanzas públicas y volvería poco creíble el compromiso de López Obrador de mantener el déficit fiscal bajo control.