JOSÉ A. DEL REAL
LOS ÁNGELES — En MacArthur Park, un vibrante vecindario latino cerca del centro de Los Ángeles, Pedro sale a vender mangos en un carrito a los transeúntes los siete días de la semana. Durante dieciséis años ha sido un personaje habitual de la zona. Gana 800 dólares al mes y envía casi la mitad de esa cantidad a su familia en Guatemala.
Cuando el próximo año los trabajadores del gobierno federal recorran todo el país a fin de contar a cada habitante de Estados Unidos para el censo, lo más seguro es que Pedro, de 50 años, no esté incluido. Él y sus vecinos cada vez desconfían más de la gente que no reconocen, en especial de los que visten uniformes.
“Vinimos a trabajar, solo a trabajar, y es mejor tener la puerta cerrada”, comentó Pedro, quien no quiso dar su nombre completo porque no tiene un estatus legal en el país.
La Corte Suprema evitó el 27 de junio que la Oficina del Censo, al menos por ahora, les pregunte a los habitantes si son ciudadanos estadounidenses. La corte dijo que la justificación del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, para realizar la pregunta era “artificiosa”, pero dejó abierta la posibilidad de que se incluya en el futuro.
El gobierno ha sido acusado de intentar usar la pregunta para disuadir a las comunidades de inmigrantes de participar en el censo. Un conteo en el que no se incluya a esas comunidades, las cuales a menudo están en distritos electorales demócratas, podría inclinar el poder político en el congreso y las legislaturas estatales hacia el Partido Republicano.
Según los expertos, un conteo que no registre a los inmigrantes también afectaría el financiamiento federal para los programas dirigidos a la pobreza y la atención médica, para el transporte, la planeación escolar e incluso las inversiones del sector privado.
No obstante, aunque algunos demócratas tal vez percibieron que la decisión de la corte fue una victoria, el daño, de acuerdo con muchos expertos, ya está hecho. El temor que engendraron las políticas migratorias del gobierno dificultará el trabajo de la gente que realice el censo en vecindarios con mayoría de población inmigrante, sin importar si se agrega o no la pregunta sobre la ciudadanía.
Esta semana, en vecindarios de Los Ángeles donde predominan los latinos, al parecer mucha gente no estaba al tanto de las maquinaciones políticas en Washington en torno a la pregunta de la ciudadanía, y muchos nunca habían escuchado hablar del censo. Sin embargo, estaban preocupados por la llegada inminente de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a los vecindarios para realizar redadas programadas.
En MacArthur Park, un vecindario con un 85 por ciento de población latina y donde el español se habla más que el inglés, prevalecía un sentimiento de confusión. A las mismas personas a quienes los activistas les han sugerido que mantengan las puertas cerradas si los visitan agentes del ICE, también les han dicho que abran las puertas a los trabajadores gubernamentales del censo para que los puedan contar.
“Vinimos a trabajar, solo a trabajar, y es mejor tener la puerta cerrada”
En California, el estado más poblado del país y donde vive una enorme cantidad de inmigrantes, esta situación presenta inmensos desafíos políticos y logísticos. A los líderes políticos del estado les preocupa recibir menos dólares del presupuesto federal asignado por número de habitantes. El estado también podría perder un asiento en el congreso si el conteo refleja una reducción significativa en la población, aunque esta sea errónea.
“Tenemos este otro reto: debido a la atmósfera de profunda desconfianza creada en Washington D. C. y al temor legítimo creado por el gobierno, nuestro conteo podría reflejar una reducción errónea de millones de personas”, comentó Daniel Zingale, un estratega sénior que trabaja para el gobernador Gavin Newsom. “Se podría decir que el riesgo es más alto para California que para cualquier otro estado”.
Maricela Rodriguez, quien trabaja en la oficina del gobernador de California en temas de participación cívica, señaló que el estado ya estaba sintiendo los efectos. “Es verdad, el daño está hecho en términos del miedo que se creó en torno al censo”, mencionó.
“No importa si está incluida o no la pregunta sobre la ciudadanía, ya hay mucho miedo inculcado en la comunidad inmigrante”.
El gobierno federal es responsable de realizar los censos y contrata directamente a los trabajadores que van de puerta en puerta para reunir la información, a quienes se les conoce como encuestadores. Sin embargo, los estados pueden complementar esos esfuerzos con dinero y participación adicionales; en el caso de California, para conseguir llegar a los quince millones de habitantes que se estima que corren un alto riesgo de no ser contados.
El estado está trabajando con organizaciones comunitarias para fomentar la participación. Arturo Vargas, director ejecutivo del Fondo Educativo NALEO, el cual colabora con el estado y tiene su sede en MacArthur Park, comentó que era un reto.
“Es el mismo gobierno que quiere saber todo sobre todos los que viven en tu casa”, advirtió.
