En México se ha extendido la noción de que el T-MEC es perjudicial para el país, pero tiene un enorme beneficio que puede contribuir a resarcir una deuda urgente: proteger a los trabajadores mexicanos.
Viri Ríos La autora es analista política
Diciembre de 2019
CIUDAD DE MÉXICO — Esta semana, el gobierno mexicano aprobó modificaciones al nuevo acuerdo comercial de América del Norte, el T-MEC (llamado en inglés USMCA). Estos cambios implican un compromiso inédito en el México moderno: dar más poder de negociación a los trabajadores frente a los empleadores.
Hasta el momento, el rechazo por parte de establishment mexicano a la implementación de la ley laboral ha sido sorprendentemente enérgico. Quien fue secretario del Trabajo hasta 2011 dijo estar “mal y de malas” porque el tratado le restaba “competitividad” a México. El expresidente Felipe Calderón, quien aprobó una reforma que prometía fortalecer los derechos laborales en 2012, calificó la negociación del T-MEC como penosa y ridícula. Líderes empresariales compararon el T-MEC con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, la negociación de 1848 en la que México cedió más de la mitad de su territorio a Estados Unidos.
Las modificaciones del acuerdo han causado temor entre sectores empresariales que operan en México y están acostumbrados a tener utilidad a partir de pagarle mal a sus empleados
Aunque existe una noción generalizada de que el nuevo acuerdo no le conviene a México y de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, traicionó los intereses del país para quedar bien con Estados Unidos, es una percepción equivocada, o al menos incompleta. Esa visión asume que México debe continuar siendo competitivo a costa de violar los derechos se sus trabajadores. Pero hay alternativas que pasan por proteger a los trabajadores sin restar productividad a las empresas.
Las modificaciones aprobadas en el T-MEC podrían ayudarnos en ese sentido. Buscan fortalecer la aplicación del derecho de los trabajadores a asociarse libremente y a negociar colectivamente sus contratos mediante la creación de un “panel laboral de respuesta rápida”. Los grandes perdedores del nuevo tratado comercial no son los mexicanos, sino las empresas transnacionales que han aumentado su utilidad a partir de precarizar al trabajador.
Para el bien de México, y de Norteamérica en su conjunto, esa forma de comercio tiene que ser sustituida por empresas laboralmente éticas y por gobiernos que protegen y aplican las leyes que favorecen a los trabajadores, y no solo a las empresas. México no es y no ha sido justo con los trabajadores, así que es momento de resarcir esa deuda pendiente y por eso debemos celebrar el acuerdo comercial que firmaron el 10 de diciembre México, Estados Unidos y Canadá.
Pero no todo será fácil. El T-MEC le deja a México dos desafíos domésticos importantes: lidiar con el rechazo de un sector del empresariado acostumbrado a obtener utilidades a costa de los derechos y beneficios de sus empleados y evitar la creación de una economía dual en la que los trabajadores de empresas transnacionales gocen de derechos que empleados de empresas mexicanas no tengan.
Sin duda las modificaciones del acuerdo han causado temor entre sectores empresariales que operan en México y están acostumbrados a tener utilidad a partir de pagarle mal a sus empleados. Para ellos, el T-MEC representa el reto abismal de operar en un mercado laboral más justo.
El T-MEC y sus paneles laborales deben ser entendidos como una solución temporal a un sistema laboral que necesita una cirugía mayor
Los cambios respecto al acuerdo anterior, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado en 1994, son considerables. Quizás la condición más controversial y criticada por el statu quo mexicano es el panel laboral establecido en el acuerdo, que estará integrado por expertos independientes elegidos por los países involucrados. El TLCAN tenía un mecanismo para resolver disputas laborales disfuncionales y solo podía ser utilizado cuando se presentaba un “patrón persistente” de violaciones laborales y no consideraba como una violación negar el derecho a la organización sindical. Más aún, el arbitraje por cuestiones laborales implicaba un proceso tan intrincado que desde el año de su vigencia solo se han presentado cuarenta casos y ninguno ha terminado en sanción.
En cambio, el panel del T-MEC podrá verificar que se cumpla con el derecho laboral a la libre asociación y negociación colectiva. En caso de que el panel determine que existe una violación, este podrá demandar la suspensión de beneficios arancelarios o implementar sanciones a las mercancías.
La indignación ante la posible implementación de la legislación laboral mexicana evidencia la normalización de la simulación. En México, la Ley Federal del Trabajo, vigente desde 1970, es una poesía que nadie aplica. Solo el 12 por ciento de los empleados están sindicalizados y de estos se estima que solo el 10 por ciento ha decidido el sindicato al que pertenecen. La falta de decisión se debe a la ausencia de democracia sindical. Y los trabajadores mexicanos tienen razones por las cuales exigir mayores protecciones: México se ha consolidado como el país con los niveles salariales promedio más bajos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Sin embargo, el desafío aún más crítico que ganar la confianza de un empresariado acostumbrado al empobrecimiento de las condiciones laborales de sus trabajadores será evitar que la firma del T-MEC aumente la desigualdad exacerbada por el TLCAN. El tratado anterior creó un México muy dividido entre el norte y centro manufacturero y un sur agrícola. Y el acuerdo actual podrá acentuar esta diferencia, pero esta vez entre las empresas que tengan que cumplir con los derechos laborales monitoreados por el T-MEC y el resto de las corporaciones mexicanas. Esto supone el riesgo de que solo unos trabajadores se beneficien de un trabajo justo, digno y legal.
Es por ello que el T-MEC y sus paneles laborales deben ser entendidos como una solución temporal a un sistema laboral que necesita una cirugía mayor. Y no con respecto a sus leyes —que en el papel protegen al trabajador—, sino con respecto a su implementación.
Para lograr la cirugía mayor que el sistema laboral mexicano necesita, el gobierno de López Obrador debe crear campañas de difusión para que los trabajadores comprendan los derechos sindicales de los que gozan, entre ellos elegir democráticamente a sus líderes sindicales. También se deben crear condiciones que permitan la movilización del trabajador y apoyo para mejorar la calidad de lo que México produce a fin de que los aumentos salariales no quiebren a las empresas. Las leyes laborales solo darán resultado si se aumenta el nivel de exigencia por parte de los trabajadores y si las empresas continúan siendo productivas.
Falta mucho camino para tener un México más justo, pero el renovado acuerdo comercial, con sus polémicas modificaciones, parece ir en la dirección correcta.
Viri Ríos es analista política y profesora asistente visitante del Departamento de Gobierno de la Universidad de Harvard.
