Revelaciones
Margarito Escudero
Para nuestros connacionales de Tatahuicapan, el municipio de Coatzacoalcos se convirtió en una mina de oro o de billetes cada vez que llega el estiaje y la temporada de calor.
Los tiempos electorales despiertan las.ambiciones de muchos que harán qualquier cosa para que los vean y mostrar que tienen agallas.
Todo ello con la complacencia de autoridades que evaden sus responsabilidades al permitir actos de vandalismo que ponen en riesgo la salud de miles de ciudadanos y la operación de instancias delicadas como hospitales y centros de abasto.
Se supone que vivimos en un país debidamente organizado, con instancias legales y una democrática separación de poderes para dar viabilidad a nuestro proyecto de nación y garantizar la convivencia pacífica.
Hacerse de la vista gorda y permitir violaciones a la ley, no está contemplado en ningún reglamento y las autoridades (democraticamente electas) están obligadas a hacer lo necesario para evitar conflictos entre los ciudadanos y garantizar la paz social.
Se doblaron las manos desde la administracion de Ivan Hillman Chapoy, época cuando por primera vez se cerraron las válvulas de la presa Yuribia, tiempos del inefable Fidel Herrera Beltrán que dejó la bronca para los ayuntamientos enfrentados, que ellos se arreglaran como pudieran.
Desde entonces se han escrito minutas tras minutas, cediendo recursos municipales a otros municipios, por lo menos eso es lo que puede apreciarse en lo que trasciende al público, porque han llegado al cinismo de hacer minutas secretas (recordar a Javier Duarte).
Pero también se aprecia que algo no está bien en esas negociaciones y, tanto las autoridades como los serranos parecen estar de acuerdo.
Hay quienes aceptan la delincuencial acción, argumentando que Tatahuicapan es un municipio que recibe un presupuesto raquítico en comparación con el de Coatzacoalcos.
Es como decir que puedo cerrar las vías de acceso de mi vecino porque él gana más que yo y puedo reclamarle que me dé parte de sus ingresos.Iría derechito a la cárcel, sin duda.
Pero con estas personas que arriesgan la salud de miles de ciudadanos, se integran mesas de diálogo y se aceptan condiciones como que no haya acciones legales en su contra. ¿Donde hay legalidad en eso?
Tal vez no sea un reparto equitativo de los recursos para los municipios y, sin duda, hay localidades con muchas necesidades y carencias que no están bien atendidas por los gobiernos estatal y federal y que sus propios diputados y presidentes municipales no hacen lo suficiente para llevar más recursos a sus comunidades.
Mientras tanto, Coatzacoalcos seguirá viendo por las.necesidades de Tatahuicapan cada vez que a aquellas autoridades se les ocurra.