En días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso elegir mediante votación popular a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De inmediato la propuesta generó reacciones en el ámbito académico, político y jurídico.
Cabe señalar que históricamente han existido posiciones que se pronuncian por que ninguno de los poderes constituidos deba emanar de otro. Montesquieu el teórico de la división de poderes afirmaba que, no hay libertad si el poder de juzgar no se encuentra deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo.
Quizá la lógica presidencial sea la siguiente: Si bien, los integrantes del Congreso como el Presidente de la República son electos democráticamente ¿Por qué entonces los ministros de la SCJN tienen el poder de revisar sus decisiones si nadie votó por ellos?
Hay quienes consideran que los jueces no deben ser electos mediante votación popular, ya que la labor de los jueces es una función cognoscitiva, racional y legal –como sostiene el jurista Luigi Ferrajoli-, de ahí la importancia que esta función recaiga en un órgano técnico como lo es el Poder Judicial y no en un órgano político.
En el mundo, las tensiones entre el Jefe de Estado y el Poder Judicial no son nuevas. En toda democracia realmente existente, -sobre todo en una que cuenta con una Constitución escrita-, el control del poder político es susceptible de un control constitucional por un órgano jurisdiccional, lo que se traduce en un sano equilibrio entre los poderes y la garantía de la supremacía constitucional.
Las necesidades de modificar el poder judicial en nuestro país no son recientes. Desde el año 2010 con la Visita la Relatora Especial del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, se hicieron una serie de recomendaciones al Estado mexicano con la finalidad de que nuestro país cuente con un poder judicial sólido, independiente y efectivo, dado que se observaron aspectos relacionados con deficiencias estructurales y orgánicas en el sistema judicial en México.
Sergio Arias.
El hecho de que la SCJN sea un órgano técnico de control constitucional, no es ajeno a las vicisitudes de la política. Recordemos que, en 2006 Mariano Azuela Güitrón quien era ministro Presidente de la SCJN operó abiertamente desde su posición para evitar la candidatura presidencial del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
No debemos pasar por alto entonces que, los jueces tienen su propia visión jurídica como política. El propio derecho no tiene una visión homogénea, hay visiones naturalistas, positivistas realistas e incluso materialistas del derecho. También hay teóricos, académicos y litigantes que con su experiencia enriquecen aún más la visión del derecho.
Por alguna razón, en México no es políticamente correcto que un ministro de la corte, magistrado o juez se autodefina. No hay un juez que se autodenomine como conservador, progresista, liberal, de derecha, izquierda, ateo, cristiano, vegano, etcétera, ello no les resta ningún mérito, por el contrario, pueden y deben a pesar de sus ideas resolver conforme a derecho de manera razonada y cognoscitiva como plantea Ferrajoli.
Bien lo escribió Calamandrei hace 88 años: Es difícil, en realidad, que el juez, al interpretar la ley logre separarse de sí mismo al punto de que en su juicio no entren, aún sin darse cuenta, sus propias opiniones políticas, su fe religiosa, su condición económica, su clase social, sus tradiciones regionales o familiares y hasta sus prejuicios y fobias, pero sobre todas las cosas, es difícil que el juez pueda liberarse de la presencia, silenciosa pero implacable, de su condición patrimonial.
Un país como el nuestro: violento, globalizado e impune, requiere de jueces con la capacidad de desenvolverse en los parámetros de la dramática realidad para poder decidir el derecho, las controversias, los delitos, las faltas administrativas, el patrimonio y la seguridad de las personas independientemente que su procedencia sea por votación o designación y al margen de sus convicciones personales.