OPINION EN LINEA..🖋

Ruperto Vázquez Ovando

La reforma judicial promovida por el ejecutivo federal, ha levantado y generado todo tipo de polémicas, el señalamiento de que ministros y jueces, gozan de privilegios superiores y que favorecen a los más poderosos, es lo mas señalado y conforme avanza el tiempo, surgen nuevos temas.

La corrupción que pudiera presentarse y que genera irritación social generalizada, no deja de ser preocupante, si bien todo mundo sospecha y algunos dicen conocer, nadie aporta pruebas contundentes que ameriten no solo el linchamiento mediático a una institución, sino que debería ser sancionado quien haya hecho o admitido actos corruptos fuera de toda legalidad, que lesionen los intereses a personas físicas y morales; si no hay leyes claras que sancionen estos actos, de poco valdrá que se cambie todo el poder judicial, sin denuncias ante los órganos competentes no hay delito que perseguir, sin leyes que castiguen de manera clara los señalamientos, solo dejara frustración al cambiar a unos por otros sin que nada cambie.

Un tema que está ahí a la vista de todos, es el nepotismo que fluye dentro del sistema judicial, la carrera judicial; es un método para que quienes aspiren a mejores posiciones laborales, preparandose constantemente cada día en su profesión, sin embargo, la realidad establece que una gran mayoría buscan con ayuda de familiares, ocupar espacios y puestos que se pudiera traducir en tráfico de influencias y conflictos de intereses, donde grupos familiares obtienen cuotas de poder dentro del sistema judicial.

Es este tema, bien valdría la pena legislar en la materia con responsabilidad, madurez, y claridad, porque el hecho de tener lazos consanguíneos con algún miembro del poder judicial, no debiera ser limitante para alguien que se prepara profesionalmente en la materia; habría que buscar la regularización legal.

La realidad establece que una gran mayoría buscan con ayuda de familiares, ocupar espacios y puestos que se pudiera traducir en tráfico de influencias

Por supuesto, que aquí se sentaría igual el precedente, para que también se regule la contratación de familiares en el poder legislativo, donde es común que los senadores y diputados federales y locales, ejercen está práctica, ni que decir de los gobernadores y presidentes municipales; quienes también engrosan la nómina con sus esposas, hijos, sobrinos, hermanos, medios hermanos, primos, cuñados, tíos, ahijados, nueras, entenados, comadres, padrastros y hasta amigos y amigas con derechos.
Sería extraordinario que hubiera igual, una reforma en la Constitución federal, aprobada por el poder legislativo en este rubro y sean punibles directos, quienes hagan caso omiso al contratar a sus familiares dentro
de su círculo de competencia, en lo federal, en los estados y los municipios, para así combatir ese vacío que actualmente se considera como un asunto moral y de principios, sin establecerse como un delito que debe ser de oficio, por lo cual la mayoría se pasa por el arco de triunfo, los principios y la moral.