Deben construirse políticas públicas, programas y planes de gobierno y dotar de presupuestos
suficientes que coadyuven en la materia a nivel estatal.
Xalapa, Ver., 06 de octubre de 2025.- Durante los trabajos de la Quinta Sesión Ordinaria del
Segundo Año de Labores, la legisladora Daniela Flores Barnils se pronunció por la promoción del
respeto, el bienestar, la protección y los derechos de las especies no humanas, en el marco del
Día Mundial de los Animales, celebrado el pasado 4 de octubre.
Tras recordar el origen para la instauración de este día, la diputada manifestó que en 2024 México reconoció explícitamente en la Carta Magna Federal la declaración de los animales como sujetos protegidos de forma genérica, otorgando disposiciones de protección animal y asignación de responsabilidades al Estado.
Dichas reformas, señaló, establecieron la prohibición constitucional del maltrato animal, la obligación estatal de garantizar el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales conforme a lo que señalen las leyes respectivas, la inclusión en planes y programas educativos del contenido relacionado con protección animal, y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de protección y bienestar animal, en coordinación con los estados y Municipios.
Detalló que actualmente existe la obligación de los tres niveles de gobierno para el desarrollo de leyes, políticas públicas, mecanismos de vigilancia e instancias de protección que hagan efectivo dicho mandato, así como la necesidad de armonizar las leyes locales y la integración de la protección animal en planes educativos para formar una cultura de empatía, respeto y de responsabilidad social hacia los animales.
La legisladora llamó a promover campañas de educación ciudadana, de fomento a la tenencia responsable y apoyos a la producción sustentable, la inversión pública para refugios, programas de esterilización y atención veterinaria gratuita y el del impulso de incentivos para quienes adopten prácticas amigables con la vida animal y el medio ambiente.
“No basta con que estos principios estén escritos en la Constitución o en las leyes. El verdadero reto está en hacerlos efectivos y eso exige el compromiso para traducir ese reconocimiento en políticas públicas, en presupuestos suficientes, en mecanismos de vigilancia, en sanciones claras y en programas educativos que lleguen a la niñez y la juventud de México”, concluyó.
