Propuesta prevé trasladar a la Secretaría del Trabajo estatal las actividades de registro sindicales y
condiciones generales de trabajo.
Xalapa, Ver., 13 de noviembre de 2025.- A través de una Iniciativa de Decreto, el diputado
Juan Tress Zilli propuso reformar diversas disposiciones del Artículo 22 Ter de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, de la Ley Estatal del Servicio Civil y del Artículo 33 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, todas del Estado de Veracruz, con la finalidad de
aminorar la carga administrativa y responsabilidades del Tribunal de Conciliación y
Arbitraje de Veracruz (TCA), a fin de garantizar una impartición de justicia pronta y
expedita.
Actualmente, explicó el legislador, como parte de las atribuciones del TCA, está la solución de conflictos laborales entre trabajadores y entidades públicas estatales o municipales, los individuales que se susciten con servidores públicos, los conflictos colectivos laborales, así como los internos de los sindicatos.
Puntualizó que el citado Tribunal es el encargado de llevar a cabo el registro y gestión de todos los conflictos. “Todas estas actividades, generan una sobrecarga de responsabilidades dificultando su capacidad para atender de manera expedita y eficiente los conflictos laborales como órgano jurisdiccional especializado”.
Ante esto, planteó una reestructuración a la normativa a fin de trasladar dichas funciones administrativas de registro sindicales y condiciones generales de trabajo, a la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad de Veracruz (STPS), con lo cual, el TCA podrá dedicar sus recursos humanos y materiales a sus funciones de resolución de conflictos colectivos, huelgas y controversias individuales.
“Este enfoque optimizará su operatividad y mejorará la calidad de las resoluciones judiciales, respondiendo a los principios de eficiencia administrativa, especialización y congruencia con el marco legal nacional e internacional en material laboral, garantizando la democracia sindical”, concluyó.
A la iniciativa se adhirió el Grupo Legislativo de Morena y fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, de Gobernación, y de Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen.
