Considera Elizabeth Morales García que el descuento de 50% es insuficiente y discriminatorio
y contraviene el principio de accesibilidad universal.
Xalapa, Ver., 20 de noviembre de 2025.- Exentar del pago por el servicio de transporte
público a personas con alguna discapacidad, propuso la diputada Elizabeth Morales
García, quien plantea reconocer la movilidad como un derecho humano fundamental y
adoptar medidas que garanticen el acceso igualitario al transporte, incorporando el
principio de accesibilidad universal.
En su Iniciativa para reformar la Ley para la Integración de las Personas con
Discapacidad, la legisladora precisa que, según el Censo de Población y Vivienda 2020
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Veracruz residen 643 mil 171
(ocho por ciento de la población estatal), cifra superior al promedio nacional y, de acuerdo
con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred, 2022) 68 por ciento
de ellas han dejado de realizar alguna actividad esencial por falta de recursos para pagar
el transporte.
También señala que, a la fecha, 19 entidades federativas: Ciudad de México, Jalisco,
Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Colima,
Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Morelos, Tlaxcala, Zacatecas, Nayarit,
Aguascalientes, San Luis Potosí y Baja California Sur ya cuentan con gratuidad total del
transporte público para este sector social. En todas éstas –añade- se ha acreditado que el
impacto presupuestal es mínimo (menor al 0.8 por ciento del subsidio total al transporte) y
que los beneficios sociales son incuestionables.
La diputada señala que en Veracruz actualmente solo se aplica un descuento del 50 por
ciento en algunas rutas concesionadas y únicamente mediante la credencial del Instituto
Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) o del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Elizabeth Morales considera que esta medida es
“insuficiente y discriminatoria y contraviene el principio de accesibilidad universal”, ya que
deja desprotegidas a miles de personas con discapacidad que no son adultas mayores y
enfrentan trámites engorrosos para obtener la credencial estatal.
La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del Artículo 30
de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz, a
la que se adhirieron la diputada María Elena Córdova Molina, el diputado Adrián Sigfrido
Ávila Estrada y el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue
turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Transporte, Tránsito y Vialidad y de
Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.
