Adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad contarían con mayor certeza jurídica en
la transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles.
Xalapa, Ver., 03 de diciembre de 2025.- Con la finalidad de establecer un esquema de
corresponsabilidad social, permanente y obligatorio, que permita que sectores vulnerables
tengan certeza jurídica en la transmisión de propiedad, formalización de derechos reales
o disposiciones testamentarias, el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM) propuso que los honorarios notariales, por dichos actos, se reduzcan en
un 50 por ciento cuando los otorgantes sean personas con discapacidad o adultos
mayores de 65 años.
La diputada Estefanía Bastida Cuevas, integrante de Grupo Legislativo, explicó que dichos grupos vulnerables se enfrentan a diversos desafíos como la reducción drástica de sus ingresos al retirarse de la vida laboral activa o los altos costos de terapias, medicamentos y adaptaciones, mermando su capacidad de ahorro o inversión.
Actualmente, dijo, la Ley del Notariado, prevé la participación de notarios en campañas de escrituración de interés social; asimismo, contempla en las atribuciones del Colegio de Notarios ser auxiliar a la población económicamente desprotegida en la formalización de los actos y hechos que les beneficien, “sin embargo, dejar esta noble labor a la voluntad de convenios esporádicos o campañas temporales resulta insuficiente ante la magnitud de la necesidad”.
Detalló que la propuesta se centra en la reducción a la mitad el costo de los servicios profesionales del notario para estos grupos; es decir, el 50 por ciento de descuento sobre los honorarios, calculado con base en el valor fiscal o real del inmueble según corresponda en el arancel, y no al cobro del 50 por ciento del valor del inmueble.
Este beneficio será aplicable, exclusivamente, sobre el inmueble que constituya o vaya a constituir la vivienda del interesado y podrá ejercerse una vez por beneficiario durante la anualidad correspondiente, expresó Bastida Cuevas.
“Es necesario elevar a rango de Ley la obligación de solidaridad social. No se trata de afectar la digna retribución del notario, sino de establecer un esquema donde el fedatario público, como delegado del Estado, contribuya a garantizar la seguridad jurídica de quienes, por su condición de edad o discapacidad, se encuentran en desventaja económica”, indicó.
Finalmente manifestó que dicha propuesta se alinea a los principios de solidaridad social, seguridad jurídica y progresividad de los Derechos Humanos.
La iniciativa, que reforma el artículo 22 de la Ley del Notariado para el Estado de Veracruz, fue turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.