Roger Espejel González
En el sureste mexicano, los sitios de disposición final de residuos no colapsan de un día para otro. Se degradan lentamente hasta que dejan de cumplir su función. No es un problema de colores políticos ni de una administración en particular, sino la consecuencia de sostener, durante años, un modelo de gestión diseñado para otro contexto demográfico, territorial y ambiental. Cuando ese modelo se agota, no solo se clausura un sitio: se rompe toda la cadena que permite que una región funcione.
Hablar hoy de rellenos sanitarios en el sureste veracruzano es, en muchos casos, una imprecisión técnica. Sitios como Las Matas fueron botaderos a cielo abierto, no rellenos sanitarios en sentido estricto: se abrieron por decisiones apresuradas, en contextos de emergencia operativa y, en varios casos, antes de la entrada en vigor de las regulaciones ambientales actuales.
Con el endurecimiento del marco normativo, muchos de esos sitios fueron clausurados con la expectativa —implícita o explícita— de que los municipios transitarían hacia rellenos sanitarios plenamente regulados. Sin embargo, esa transición no se consolidó. Lo que hoy existe son basureros clausurados, sitios rebasados o instalaciones que ya no cumplen con los criterios mínimos de operación.
Esa situación no es un accidente aislado, sino el resultado previsible de intentar cerrar esquemas obsoletos sin que existan, en el territorio, alternativas técnica y financieramente viables para sustituirlos.
Sitios como Las Matas fueron botaderos a cielo abierto, no rellenos sanitarios en sentido estricto: se abrieron por decisiones apresuradas
La NOM‑083, que regula la disposición final de residuos, establece requisitos indispensables para la protección ambiental y la salud pública. Más que un problema del marco normativo, el reto ha sido la implementación operativa de la NOM‑083 en territorios con condiciones hidrológicas complejas. En el sureste, factores como niveles freáticos elevados, suelos saturados, zonas inundables, pendientes naturales y una disponibilidad de predios cada vez más reducida limitan la viabilidad técnica de muchos proyectos. No es una falta de voluntad institucional; es una restricción estructural del territorio.
Bajo estas condiciones, los municipios operan en un equilibrio precario. Cuando un sitio se clausura —o simplemente deja de recibir residuos— el impacto se extiende más allá del ámbito municipal. Mercados, centros de abasto, agroindustrias, cadenas comerciales y generadores medianos se quedan sin un destino autorizado para sus residuos. La gestión deja de ser un servicio público funcional y se convierte en un problema operativo que cada actor debe resolver por su cuenta.
Es ahí donde comienza a consolidarse una tendencia poco visible: la búsqueda de soluciones internas por parte de los generadores. Separar residuos, valorizar fracciones orgánicas o instalar sistemas de compostaje aparece como una salida lógica. Sin embargo, esa lógica choca rápidamente con la realidad regulatoria.
Un centro de compostaje no es un espacio improvisado para acumular residuos orgánicos. Implica control de lixiviados, manejo de olores, bitácoras de operación, trazabilidad, control de vectores, distancias mínimas y autorizaciones ambientales. En términos de responsabilidad legal y ambiental, exige prácticamente el mismo rigor técnico que una instalación municipal, pero sin el respaldo institucional ni la infraestructura pública que normalmente la sostiene.
La paradoja es clara. Mientras el modelo público de disposición final se estanca por límites físicos y normativos, los actores privados comienzan a asumir funciones para las que no fueron diseñados ni acompañados. No por estrategia, sino por necesidad. En ese proceso, muchos descubren que la gestión de residuos es un campo donde la improvisación tiene costos legales, económicos y ambientales elevados.
En contextos como el sureste, la gestión de residuos no es una discusión teórica, sino una condición básica para que la actividad económica funcione. Cuando los sitios de disposición fallan o desaparecen, el impacto no se queda en el ámbito municipal: alcanza a los centros de abasto, a los mercados y a los grandes generadores que dependen de una salida autorizada y continua para sus residuos.
En ese escenario, más que discutir nombres o modelos ideales, lo urgente es reconocer las condiciones reales bajo las que hoy opera la región.