En torno al debate del transporte en Orizaba
Plinio Soto Muerza
El pasado domingo 5 de noviembre, la ciudad de Orizaba fue testigo de una singular protesta encabezada por el sector de transportistas, que prestan su servicio en la zona urbana de la ciudad y sus alrededores. La movilización de un amplio número de choferes de las empresas de la línea Garita, Metropolitanos y Circuito Valle, fue respaldada por un número importante de operadores de taxis, que organizados en la asociación el “Grito”, salieron a protestar ante la pretensión del Ayuntamiento de Orizaba de crear nuevas paradas del servicio conocido como el “Gallo”, que es la creación del actual presidente municipal para evadir la Ley Estatal de Tránsito y Transporte, y así favorecer una vez más, a sus intereses económicos. Pero vayamos por partes.
Durante la segunda quincena de junio del 2021, en plena campaña electoral por la presidencia municipal, el actual munícipe, entonces candidato del PRI, presentó su propuesta de creación de una línea de transporte público para dar servicio, según él, a las familias de bajos recursos de la zona periférica de la ciudad en sus traslados al centro de la ciudad. Dicha propuesta tenía su origen, en el miedo que le provocaba que el candidato de morena ganara la elección, ello debido a que dicho candidato es poseedor de la mayoría de las acciones de la mayor empresa de transporte público que presta sus servicios desde hace más de 30 años en la ciudad. La propuesta de un nuevo transporte sencillamente estaba pensaba para restarle simpatías y votos al candidato de morena, que, en ese momento de acuerdo a las encuestas, tenía un crecimiento sostenido en las simpatías del electorado.
El Ayuntamiento está impedido por ley, de facultad legal y administrativa, para crear y echar a andar una empresa de transporte de servicio público
La historia registra que al final y con prácticas de compra de votos entre otras linduras, la alianza del PRI, PAN y PRD, se hizo con el triunfo por la presidencia municipal. En ese momento, el actual munícipe, echó a andar su propuesta de empresa de transporte, solo que se enfrentaba a un problema legal que no podía superar, y que es nada menos y nada más que la ley de Tránsito y Transporte.
Crear una empresa de transporte no es tan fácil como lo quieren hacer ver las autoridades municipales de Orizaba. De inicio, y de acuerdo al artículo 116, correspondiente al capítulo III, relacionado al Servicio de Transporte Público, toda unidad de transporte público debe de contar con una concesión específica y directa para ese servicio, como lo establece claramente el citado precepto: “El servicio de transporte público es aquel que se presta para satisfacer necesidades colectivas, siendo ofrecido a terceros contra el pago de una retribución; corresponde al Estado proporcionarlo, pudiendo otorgarlo por sí mismo o a través de personas físicas o morales mediante concesión otorgada por el Gobernador del Estado, una vez satisfechos los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento”.
Como se desprende de lo anterior, el Ayuntamiento está impedido por ley, de facultad legal y administrativa, para crear y echar a andar una empresa de transporte de servicio público. Para lograr lo anterior, simplemente requiere de una concesión, que sólo es dada por la facultad del ejecutivo estatal.
Por otro lado, en el artículo 118, se establecen claramente las modalidades del servicio de transporte público, siendo las siguientes: de pasajeros (urbano, suburbano, foráneo, taxi, exclusivo de turismo, recreativo, escolar y para personal de empresas). Además, se contempla el servicio de carga, que puede ser general, materialista y especializado. Por último, se contempla el servicio rural mixto carga-pasaje.
Por su parte, en el artículo 122, se establece que: “Para los efectos de esta Ley, se entenderá por concesión el título que otorga el Gobierno del Estado para que una persona física o moral proporcione el servicio de transporte público en cualquiera de sus modalidades, de acuerdo con las tarifas determinadas por el interés general y la naturaleza del transporte de que se trate”
Como se desprende de la lectura de los artículos citados, para un Ayuntamiento le es imposible poder crear por motu propio un servicio de transporte de pasajero, salvo si contase con la concesión respectiva.
Es en el último punto que, a todas luces, desde el inicio de su administración, el munícipe sabía que no podía contar con el aval del ejecutivo estatal para sus objetivos, por pertenecer al PRI y defender el proyecto político antagónico a la 4T que impulsa el mismo presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, y conocido por llevar adelantes sus caprichos políticos, el munícipe fue maquilando su proyecto de transporte, convirtiendo su oferta inicial de transporte de pasajeros en modalidad urbana, a un engañoso servicio turístico. Sin embargo, aún y en este renglón, la ley es demasiado clara.
El inciso e del artículo 118, establece que la modalidad del servicio de pasajero en materia de turismo, es “aquel que se otorga en autobús en una localidad y municipio determinado a usuarios cuya finalidad sea el esparcimiento, el recreo o el estudio de lugares de interés turístico, con la obligación del concesionario de sujetarse a los circuitos turísticos que determine la autoridad de turismo competente y asistirse, en los recorridos, por guías que viajen en el mismo vehículo”.
Continuara