Propone el PVEM una iniciativa que involucraría a los poderes del Estado, Ayuntamientos y
organismos autónomos a realizar campañas en esta materia.
Xalapa, Ver., 25 de septiembre de 2025.- Con la finalidad de construir un andamiaje
jurídico que materialice los principios de igualdad, no discriminación y respeto, el Grupo
Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso local presentó
la iniciativa de decreto por la que se declararía el 16 de noviembre de cada año como Día
Estatal de la No Discriminación a la Gente Pequeña.
Los Poderes del Estado, los Ayuntamientos y los organismos autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán y llevarán a cabo actividades, campañas y foros de diálogo destinados a visibilizar, educar y erradicar las barreras y la discriminación que enfrentan las personas de talla baja.
Durante la sesión y en nombre de la bancada del PVEM, el diputado Urbano Bautista Martínez subrayó que esta propuesta atiende una alta responsabilidad, enfocándose en dignificar y visibilizar a la comunidad de personas de talla baja, toda vez que es un colectivo que ha sido sistemáticamente ignorado por las políticas públicas y afectado por una profunda estigmatización social.
Asimismo, detalló que la acondroplasia es una de las más de 300 afecciones que pueden causar que una persona sea talla baja, siendo una displasia ósea de origen genético que afecta a uno de cada 15 mil a 40 mil recién nacidos. “Sin embargo, la desventaja real que enfrentan estas personas no reside en su condición genética, sino en las barreras físicas y, sobre todo, actitudinales que la sociedad les impone”.
Tras señalar que las personas de talla baja viven en un entorno diseñado para personas de talla promedio, el legislador dijo que actos elementales como utilizar el cajero automático, alcanzar una cerradura, usar el transporte público o el sanitario, se convierten en constantes desafíos que merman su autonomía y pueden generarles secuelas físicas por el sobreesfuerzo continuo.
De igual forma, externó que el colectivo de talla baja en ocasiones queda en un “limbo jurídico”, toda vez que no siempre se les reconoce formalmente en la categoría de personas con discapacidad, privándoles del acceso a medidas y apoyos diseñados para este grupo, a pesar de enfrentar barreras equivalentes que obstaculizan su plena inclusión. “Esta situación es una clara contravención al Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe explícitamente cualquier forma de discriminación motivada por discapacidad o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana”.
Para finalizar, indicó que la instauración de esta medida no implica la creación de nuevas estructuras burocráticas ni la asignación de recursos económicos específicos. “Su fuerza radica en su capacidad para visibilizar una problemática y fungir como un catalizador para el cambio cultural y la reorientación de políticas existentes. Es, por definición, una acción de bajo costo y alto impacto social que posiciona a Veracruz como un referente en la agenda de los derechos humanos”.
A la iniciativa, turnada para su análisis a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, se le adhirió la diputada Elizabeth Morales García.
