Propuesta establece rangos temporales para las suspensiones e inhabilitaciones y los montos
mínimos y máximos para las sanciones económicas.
Xalapa, Ver., 03 de diciembre de 2025.- El Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista
(PVEM) presentó al Pleno de la LXVII Legislatura una iniciativa de decreto para
establecer de manera expresa, clara y precisa en la Ley de Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias del Estado los parámetros para la imposición de sanciones
aplicables derivada de la actuación de las personas facilitadoras, tanto públicas como
privadas.
La propuesta prevé perfeccionar y blindar la ordenanza para asegurar su plena vigencia y operatividad, y toda vez que “un sistema de justicia alternativo robusto requiere que quienes lo operan —las personas facilitadoras— tengan certeza sobre las reglas de su actuación y sobre las consecuencias de apartarse de ellas”, refiere el documento.
En primer término, se propone reformar, en el Capítulo relativo al Régimen de Responsabilidades y Sanciones, el último párrafo del Artículo 50, para establecer que la suspensión de la certificación de las personas facilitadoras, no pueda ser menor de tres meses ni mayor de tres años, dotando a la autoridad de un margen de actuación acotado individualizando la sanción de acuerdo con la gravedad de la falta.
En consecuencia, se plantea la modificación del artículo 51 para remitir expresamente a los plazos establecidos en el artículo 50, tratándose de personas abogadas colaborativas.
Finalmente, se reformarían las fracciones II, IV y VI, del Artículo 131, para instaurar que la sanción económica para infractores, oscile de un mínimo de 50 a un máximo de 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA´s), atendiendo la gravedad de la falta y en cumplimiento con el principio de proporcionalidad.
En lo relativo a la suspensión y la inhabilitación, la iniciativa especifica que será de tres meses a tres años para la suspensión, y de uno a diez años para la inhabilitación temporal, eliminando con ello cualquier discrecionalidad absoluta y otorgando plena certeza jurídica.
“Al dotar de taxatividad a las normas sancionadoras, se fortalece la institucionalidad del Centro de Justicia Alternativa y de todo el sistema de solución de controversias en Veracruz, brindando seguridad tanto a los operadores del sistema como a la ciudadanía que confía en estos mecanismos para la solución pacífica de sus conflictos”.
Para su estudio y dictamen la Mesa Directiva turnó la iniciativa a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.